
Foto: Cuartoscuro
La situación de inseguridad en el estado ha sido abordada en cada sexenio con estrategias diversas.

Desde hace años, el estado de Michoacán ha sido centro de los acontecimientos más violentos del país. La presencia de los cárteles de la droga y grupos armados ha asediado a la población.
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En municipios como Apatzingán, Tepalcatepec, Uruapan y Aguililla, la gente ha vivido bajo el control de grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan zonas, extorsionan a productores y amenazan a servidores públicos.
A lo largo de diferentes administraciones, cada proyecto político ha ofrecido distintas promesas de cambio en la entidad.
En los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el gobierno federal ha intentado imponer el orden en Michoacán con diferentes estrategias, operativos y acciones.
Sin embargo, los resultados de cada una de las gestiones en el tema de Michoacán no han variado tanto, con violencia persistente, alcaldes asesinados y territorios donde el poder criminal sustituye al gobierno.
La crisis actual del gobierno de Sheinbaum estalló tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, en el marco de la inauguración del Festival de las Velas que se celebra en la demarcación con motivo del Día de Muertos.

El ataque se perpetró en pleno acto público pese a que el edil contaba con protección, exhibiendo la falta de atención en una de las regiones más conflictivas del país.
Manzo —quien confrontó abiertamente al crimen organizado y pidió al gobierno federal mayor intervención en la región— se convirtió en el séptimo alcalde asesinado en Michoacán desde 2021, cuando Morena llegó al poder con Alfredo Ramírez Bedolla.
En respuesta, Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado durante la conferencia matutina de este martes.
La estrategia contempla reforzamiento de fuerzas federales en la entidad, la creación de una alerta de riesgo para alcaldes, la instalación de mesas regionales de seguridad y la presencia de oficinas de Presidencia en municipios de Michoacán, solo por mencionar algunas de las acciones contempladas.
El Plan promete construirse junto a trabajadores del campo, comunidades indígenas, sectores productivos y sociales, la Iglesia y otros agentes más.
“No están solos. Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar nuestras comunidades y a demostrar que la paz se puede construir desde abajo, con dignidad y esperanza”, expuso.
Sheinbaum aseguró que su gobierno no repetirá las estrategias de sexenios anteriores y que apostará por una política basada en justicia social, prevención y desarrollo.
En la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la inseguridad que aún atraviesa el sector aguacatero en el estado generó tensiones con Estados Unidos.
En junio del año pasado, el Departamento de Agricultura de EUA suspendió de manera temporal las importaciones de aguacate producido en Michoacán por la falta de condiciones de seguridad en la entidad para sus inspectores.
El caso derivó de la retención de dos inspectores durante protestas en el municipio de Paracho.
“Le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral, llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. Para qué tanta prepotencia, para qué tanto hacerse sentir, si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación”, expresó AMLO en conferencia matutina.
Sin embargo, días después de que el Departamento de Agricultura pausara la importación del aguacate, se reanudó la exportación del fruto tras negociaciones entre autoridades de ambos países.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Michoacán se encontraba sumido en el caos tras la desintegración parcial de Los Caballeros Templarios y el auge de las autodefensas conformadas por civiles armados que decidieron combatir al crimen ante la desatención de autoridades.
Frente a esa crisis, el expresidente nombró en 2014 a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con la misión de pacificar la región.

Castillo llegó prometiendo una coordinación entre la Federación y el estado, pero su gestión duró poco más de un año y terminó en medio de críticas y escándalos.
Diversas investigaciones revelaron irregularidades en el manejo de recursos, presuntos vínculos con personajes del crimen y una estrategia opaca que, lejos de desarmar a las autodefensas, terminó institucionalizándolas.
En entrevista con El País, José Manuel Mireles, quien fuera líder de las autodefensas en Michoacán, dijo: “Le dije a Castillo que armar a ciertas autodefensas era un gran error porque empezó armando a los que no eran. Y ahí están las consecuencias hoy, el cártel de los Viagras, al que él armó, se adueñó de Michoacán”.

En 2021, años después de dejar el cargo, Castillo fue inhabilitado por 10 años por irregularidades administrativas durante su paso por el gobierno federal.
Finalmente, en la gestión de Felipe Calderón, Michoacán se convirtió en el punto de comienzo de la guerra contra el narcotráfico.
A tan solo diez días de asumir la Presidencia, Calderón envió miles de soldados y marinos a la entidad bajo el Operativo Conjunto Michoacán, marcando el inicio formal de la militarización de la seguridad en el país.

El enemigo entonces era La Familia Michoacana, grupo criminal que en aquel entonces dominaba en la entidad. Con los operativos federales, surgieron nuevas escisiones, entre ellas Los Caballeros Templarios, que heredaron el control territorial y la violencia criminal.
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El expanista también se lanzó contra alcaldes presuntamente vinculados al crimen organizado.
Tanto así, que el 26 de mayo de 2009 se concretó el llamado Michoacanazo, operativo insignia del calderonismo en el que fueron detenidos 11 presidentes municipales, 18 oficiales y mandos policiales, así como un empresario y un juez.
Su lucha continuó a lo largo del país, y el saldo de la guerra contra el crimen fue devastador, pues aumentaron los homicidios dolosos y las desapariciones en la entidad y en otros puntos de la República.
Lo que pretendía ser un golpe al narco terminó desatando una guerra interna que dejó una cifra inquietante de personas muertas y cambió el viraje de la política de seguridad nacional.