Cuestionan contratos del Gobierno de BC con empresario en la mira de EUA

En Baja California se intensificaron las críticas y exigencias de claridad sobre la relación con el empresario tijuanense José Galicot Behar, cuyo socio fue recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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De acuerdo con una publicación del diario Basta, Galicot figura como socio de Jorge Arturo Rojas Navarro, incluido en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por presuntos vínculos con actividades financieras relacionadas con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Basta señala que, ante esto, ciudadanos han solicitado al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda aclarar si continuará realizando contratos con empresas donde participa Galicot, quien además es señalado de ser “protegido” de Carlos Torres, aún esposo de la gobernadora.

La sanción de Estados Unidos y la red investigada

La OFAC anunció sanciones contra personas y compañías vinculadas a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, señalando su presencia en zonas fronterizas de Baja California como Rosarito, donde operan redes de tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero.

En el anuncio oficial, el gobierno estadounidense afirmó:

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Entre las empresas señaladas se encuentra Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., en la cual, según Basta, Rojas Navarro figura como socio y José Galicot como administrador único.

Las autoridades estadounidenses aseguran que esa sociedad habría sido utilizada para lavar recursos a favor de la facción “La Mayiza”, vinculada a los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Proveedores del gobierno estatal

Además, la información difundida por Basta indica que Galicot y Rojas habrían sido proveedores del gobierno de Baja California.

Esto ha provocado que se cuestione si la administración estatal mantendrá vínculos contractuales con empresas relacionadas con personas sancionadas por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con medios locales citados en el reporte, Galicot ha negado tener relación alguna con actividades ilícitas.

Sin embargo, hasta el momento no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos relativos a su papel como proveedor estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila no ha respondido de manera directa a las solicitudes de aclaración.

Posibles consecuencias legales y financieras

La OFAC advirtió que cualquier entidad, gobierno o empresa que mantenga relaciones económicas con compañías o personas sancionadas puede enfrentar sanciones y restricciones en Estados Unidos.

La dependencia federal señaló:

“Las sanciones prohíben realizar contribuciones o proporcionar bienes o servicios a favor de personas designadas, así como recibir fondos o servicios de ellas”.

Hasta ahora no se ha confirmado si el gobierno estatal revisará, mantendrá o suspenderá los contratos relacionados.