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Gobierno del Edomex propone sancionar y aumentar penas por acoso sexual

La propuesta fue mandada por la gobernadora al Congreso del estado

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

Foto: Cortesía

Redacción Político MX

Redacción Político MX

Publicada: nov 09 a las 19:16, 2025

El Gobierno del Estado de México remitió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad mexiquense con la que propone sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas aplicables en casos de reincidencia.

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La iniciativa fue propuesta fue presentada por la gobernadora Delfina Gómez se enmarca en el respaldo al Plan Integral contra el abuso sexual anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum que contempla la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, el desarrollo de campañas de concientización y la promoción de la denuncia.

Proponen aumentar penas

De acuerdo con la gobernadora, se busca reforzar la protección a las víctimas y sentar un precedente para que ningún acto de acoso quede sin castigo en la lucha contra la violencia sexual.

Delfina Gómez

Foto: Cortesía

En la propuesta se elimina la condición de reincidencia que previamente limitaba la sanción del acoso sexual. De concretarse la reforma, cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado sin requerir la repetición de la conducta.

Dicha disposición aplicaría en cualquier sitio donde ocurra el delito, incluyendo lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Adicionalmente, el decreto incrementa las penas hasta en una mitad en agravantes específicas como cuando se aproveche una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima.

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Delfina Gómez

Foto: Cortesía

También se crea un nuevo tipo penal destinado a castigar a servidores públicos, tales como ministerios públicos o policías, que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. Para estos funcionarios, las penas van de dos a seis años de prisión, acompañadas de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un mismo periodo.

Finalmente, el decreto estipula que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima.