
Foto: Archivo.
Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN fue detenido el pasado sábado, implicado en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Tres décadas y sigue abierto un polémico expediente. Será hasta el próximo sábado cuando se defina si se dicta auto de formal prisión o de libertad a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y actual directivo de Peak Growth Capital, implicado en el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
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De acuerdo con la averiguación previa de la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Ortega es señalado como el segundo tirador del aspirante priista en aquel miércoles 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.

Tras su reaprehensión el sábado pasado en Tijuana, el exagente fue puesto a disposición de Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien determinará si existen elementos suficientes para dictarle auto de formal prisión por homicidio calificado.
Debido a que los hechos datan de 1994, el proceso se desarrolla bajo las reglas del antiguo sistema penal inquisitorio, en el que la valoración de pruebas y testimonios depende en gran parte del expediente escrito y no del debate oral ante el juez.
Según fuentes judiciales, durante la etapa de declaración preparatoria Sánchez Ortega se reservó su derecho y solicitó la duplicidad de término de 144 horas, la cual le fue concedida y vence el próximo sábado 15 de noviembre.
El expediente judicial causa penal 5/2025-I-P confirma que la FGR ejerció acción penal en su contra por homicidio calificado, en agravio de Colosio, con base en las hipótesis de premeditación y alevosía en su modalidad de asechanza.
La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la FGR, fue la encargada de retomar la antigua averiguación previa SE/003-BIS/95, integrada en once tomos y cuarenta y tres anexos, dentro de los cuales se sustentó el pliego de consignación para solicitar la orden de aprehensión.

La autenticidad de los documentos fue validada mediante firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al acta digital firmada por la secretaria Teresa Solís Domínguez, lo que acredita la legalidad de las actuaciones.
La detención en Tijuana de Jorge Antonio “N” volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La captura, obtenida gracias a una ficha roja de Interpol y confirmada por la FGR, reabre un caso que, a casi tres décadas del magnicidio en Lomas Taurinas, sigue sin cerrar por completo.
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El nombre de Jorge Antonio “N” ya figuraba desde los primeros momentos posteriores al crimen. Fue detenido entonces presuntamente con una chamarra manchada de sangre del candidato presidencial y arrojó resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, usada para detectar residuos de disparo, según la investigación. Aquellas evidencias lo situaron en el escenario del atentado y lo colocaron entre los principales sospechosos como presunto segundo tirador.
La Fiscalía sostiene que los análisis periciales de la época apuntan a su intervención directa en el homicidio, cuando aún estaba asignado como agente del CISEN a las tareas de cobertura de Colosio durante la campaña.
La FGR también atribuye a Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del mismo centro de inteligencia, un papel de encubrimiento, presuntamente al facilitar la huida del segundo implicado en Tijuana, lugar donde se cometió el crimen.