Jueces en la calle: cesados y sin indemnización, exigen pago

Juezas y jueces federales en retiro, separados de su cargo de manera forzada por la reforma judicial, volvieron a las calles para exigir que les paguen, de manera íntegra y oportuna, las indemnizaciones a las que tienen derecho.

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Sin embargo, en lugar de diálogo, encontraron elementos de seguridad que los encapsularon, los empujaron y los retiraron por la fuerza de la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los videos difundidos en redes sociales dan testimonio del trato que recibieron. En ellos se dio cuenta de filas de policías rodeando a los manifestantes, granaderos avanzando sobre ellos para despejar la zona, jueces tirados en la calle después de los empujones, una mujer juzgadora entre las personas afectadas.

En los audioambientes se escuchan los reclamos: son jueces, están protestando por sus derechos, exigen el pago de lo que se les debe y repiten que no merecen ser tratados como criminales.

JUFED condena las acciones

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) condenó de manera enérgica el uso de la fuerza contra personas juzgadoras que se manifestaban legítimamente.

La contradicción que señala la JUFED es que mientras el OAJ llama al diálogo, al mismo tiempo recurre al uso de la fuerza pública para contener una expresión legítima y pacífica de personas juzgadoras en retiro que protestan por la dilación en el pago de sus indemnizaciones.

La asociación advirtió con preocupación la falta de pago íntegro y oportuno de las indemnizaciones previstas en la reforma constitucional que derivó en la separación forzada de un porcentaje de personas juzgadoras. Y va más allá: recoge versiones públicas de que el OAJ estaría aplicando criterios de cálculo contrarios a los derechos de las y los titulares afectados, mediante una metodología que no se ajustaría a los parámetros derivados de la propia reforma ni de la normatividad aplicable.

A ello se suma, dice el boletín, una forma de entrega de los recursos que incrementa la vulnerabilidad de quienes protestan. JUFED reporta que numerosas personas juzgadoras residen fuera de la Ciudad de México, han visto interrumpidos sus ingresos y, además, deben desplazarse para recibir los pagos, lo que genera riesgos logísticos y de seguridad innecesarios y agrava su situación patrimonial y personal.

JUFED recuerda que ha mantenido su disposición al diálogo y ha ofrecido su colaboración técnica para que los pagos se realicen conforme a derecho, en tiempo y forma y con plena transparencia. Por eso califica lo ocurrido como un acto de “violencia institucional” contra personas juzgadoras.