Senadores aprueban en comisiones Ley contra extorsión, pasa al Pleno

De forma unánime, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión.

No solo te informamos, te explicamos la política. Da clic aquí y recibe gratis nuestro boletín diario.

La aprobación se dio con 33 votos a favor de la minuta elaborada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que entre otras cosas, eleva la pena mínima de seis a quince años y la máxima de 15 a 25 años.

A diferencia de otros proyectos, la minuta fue modificada en al menos 15 artículos por los senadores que de acuerdo con el expanista Javier Corral, fueron adecuaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de las personas involucradas en las conductas.

Las medidas aplicadas a la reforma buscan impedir la liberación de delincuentes sentenciados y favorecer la operación de unidades especializadas dentro de las Fiscalías federales y locales para atender este delito.

Una disposición transitoria estipula que las unidades contra el secuestro de las fiscalías se encargarán de esos asuntos en tanto se crean las respectivas al combate a la extorsión.

También señalan que se aplicarán penas de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos encargados de la impartición de justicia que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión, entre otras medidas.

Sigue el canal de Político MX en WhatsApp

Critican falta de presupuesto

A pesar del consenso en la aprobación, integrantes de la oposición advirtieron que la ley podría convertirse en “letra muerta” debido a la falta de recursos adicionales para la materia.

La priista Carolina Viggiano criticó que los artículos transitorios indican que no hay recursos para esta ley, lo que perjudicaría a las autoridades para garantizar la aplicación de la ley no servirá: “sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales, la ley será letra muerta”.

Por su parte la panista Guadalupe Murguía cuestionó la creación y operación de las unidades especializadas si no hay ampliaciones presupuestales. Enfatizó que las leyes solo son eficaces cuando se aplican, de otro modo solo quedaría como un “catálogo de buenas intenciones”.