
Foto: Cartoscuro / MCCI
Jorge Enrique Alberts también se ha visto involucrado en el desfalco de Segalmex y la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) puso la mira en Jorge Enrique Alberts Ponce, un empresario que podría ser el eslabón que conecta múltiples escándalos de corrupción en la Cuarta Transformación (4T).
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Alberts Ponce podría estar vinculado a la red de huachicol y tráfico de armas presuntamente liderada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, pero su historial delictivo se extiendería al desfalco de Segalmex y contratos millonarios en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
MCCI tuvo acceso al documento en el que la FGR detectó que en 2022, Albert Ponce recibió cuatro contratos por 6.5 millones de pesos a través de Acurgen S.A de C.V. para la fumigación y sanitización de Segalmex. Esto, pese a que la empresa, según la Auditoría Superior de la Federación, estuvo involucrada en la llamada Estafa Maestra, uno de los mayores casos de corrupción ocurridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero el contrato de 2022 no fue el único que Alberts Ponce recibió a través de Acurgen; según la investigación, en 2020 el empresario también habría firmado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) diversos contratos a Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (Seicsa), donde es representante legal. Además, la empresa habría recibido contratos por más de dos mil millones de pesos de otras dependencias federales.
De acuerdo con una investigación de Latinus, Acurgen tiene como domicilio fiscal la calle Séneca número 350, en la alcaldía Miguel Hidalgo, predio que pertenece a Juan Antonio de Regil, hijo de Julia Elena Adbadalá, pareja sentimental del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.

Luego de recibir contratos con Segalmex, Alberts Ponce se habría asociado con los empresarios Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza para desarrollar varios edificios de lujo en Yucatán a través de Grupo Aura, dichos empresarios también involucrados en el desfalco de Segalmex.
Tras una la obtención de un recurso legal, Ricardo Lambretón obtuvo un criterio de oportunidad con el que logró que la FGR retirara los cargos penales en su contra.
La investigación periodística también reportó que diversos compradores de Grupo Aura presentaron ante la Fiscalía estatal varias denuncias por fraude y delincuencia organizada tras falta de entrega de departamentos que fueron pagados en su totalidad.

De acuerdo con la indagatoria ministerial de la FGR, la red vinculada al empresario Raúl Rocha presuntamente lavaba recursos a través de la empresa Valvón Servicios Integrales, una firma de seguridad privada dirigida por Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce, señalados como líderes del grupo.
El ministerio público federal señala que el empresario supuestamente movilizaba combustible ilegal usando lanchas en el río Usumacinta y lo transportaba en pipas a través de los estados de Chiapas, Tabasco y con Querétaro como punto de destino.
A la llegada al complejo identificado como “La Espuela” el combustible se distribuía en gasolineras ligadas a las firmas AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIK. y eran facturadas a través de las empresas fachada en Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.