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Estos son los pendientes que deja Gertz Manero tras su renuncia como Fiscal

La silla del Fiscal General de la República viene con el peso de los expedientes pendientes que anuncian una larga lista. Quien asuma la conducción de la FGR tendrá el reto político y judicial de romper con la inercia de la impunidad que se ha enquistado en casos de corrupción, abuso de poder y protección desde el Estado.
No se requiere solamente de cambio administrativo sino de una ruptura de opacidad para el esclarecimiento de carpetas de alto impacto y trascendencia nacional.
La Fiscalía arrastra expedientes cuya sola mención refleja el deterioro de la credibilidad.
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Entre los más graves y recientes están las denuncias penales contra el senador Adán Augusto López Hernández, las acusaciones no atendidas contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las solicitudes de investigación patrimonial sobre el senador Gerardo Fernández Noroña. Casos de distinta naturaleza pero unidos por un mismo hilo de ausencia de respuestas.
Se trata de solicitudes y exigencias que no han detonado una sola diligencia.
En octubre de 2025, la FGR recibió 37 denuncias contra López Hernández, promovidas por la exdiputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Las acusaciones derivan de auditorías de la Auditoria Superior de la Federación que detectaron irregularidades por más de 765 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco (2019-2020).

Los señalamientos incluyen pagos a empresas fantasma, contratos inflados, uso indebido del servicio público y presunto cohecho.
La denuncia exige que la Fiscalía cite a funcionarios de su administración y cruce las observaciones con reportes del Órgano Superior de Fiscalización local. Pero, hasta hoy, no hay una sola diligencia conocida. Ni citatorios, ni inmovilización de cuentas, ni judicialización de la causa.
Durante años, la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández ha sido señalada por su presunta participación en la creación y protocolización de empresas que después fueron clasificadas por el SAT como empresas fantasma y vinculadas a desvíos de recursos públicos.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que en esa notaría y en despachos cercanos se constituyeron compañías relacionadas con triangulaciones por 464 millones de pesos provenientes de Pemex en el esquema conocido como La Estafa Maestra; medios nacionales retomaron que, entre las sociedades formalizadas en la Notaría 27, hay casos citados por la ASF y el SAT.
Durante los últimos años, legisladores de oposición han solicitado a la FGR investigar presuntos contratos y beneficios económicos ligados a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés López Beltrán se les relaciona con empresas proveedoras de obras estratégicas como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, así como con presunto conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.

Las denuncias fueron presentadas en 2023 y 2024 por Xóchitl Gálvez y otros legisladores, con documentación respaldada por la ASF e investigaciones de medios de comunicación nacional.
Hasta ahora, la FGR no ha informado sobre carpetas de investigación abiertas, y cuando se ha preguntado oficialmente, la respuesta ha sido que “no hay elementos suficientes para proceder”.
Otro expediente que debería revisarse con lupa es el del senador Gerardo Fernández Noroña. En octubre de 2025, se presentó una denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito luego de que se difundieran registros de un vuelo privado con matrícula extranjera hacia tres ciudades de Coahuila: Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras.
El costo del viaje superior a 250 mil pesos fue considerado incompatible con sus ingresos como legislador.
La denuncia solicita que la FGR verifique la procedencia de los recursos, coteje sus declaraciones patrimoniales y fiscales. Hasta hoy, tampoco se han informado avances.

Las denuncias contra Gerardo Fernández Noroña por la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos fue exhibida por MCCI como en un predio rústico inscrito recientemente y a nombre de otra persona, lo que abrió dudas sobre la regularidad de la operación; las autoridades de bienes comunales y el propio alcalde cuestionaron la legalidad de adquirir predios en esa zona y advirtieron posibles irregularidades agrarias.
El próximo fiscal recibirá además casos emblemáticos que siguen congelados como el de Odebrecht, que a más de cinco años del arresto de Emilio Lozoya permanece sin sentencias firmes; el caso Ayotzinapa, donde las investigaciones se han fragmentado y los mandos militares continúan sin proceso; y el escándalo de Segalmex, con un daño al erario superior a 15 mil millones de pesos y solo mandos medios procesados.


Pero también quién se siente en la silla principal de la FGR deberá dar respuesta inmediata a las investigaciones del Rancho Izaguirre de Teuchitlan, Jalisco, que usaron como presunto campo de concentración del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Otra indagatoria es el entramado criminal del “Huachicol Fiscal” que involucra marinos de alto rango, exfuncionarios de aduanas y empresarios.
También debe dar atención inmediata a la carpeta abierta contra los implicados en una red criminal de tráfico de armas, combustible y drogas en la que figura el dueño de la organización “Miss Universo”, Raúl Rocha Cantú. Esa alianza parece estar ligada a La Unión y al Cartel Jalisco Nueva Generación.