(FOTOS) FGR pagó 300 mdp a empresa ligada a Rocha Cantú en supuesta red de huachicol y tráfico de armas

Una nueva indagatoria reveló que una empresa de seguridad privada operaba en la supuesta red de tráfico de armas y huachicol presuntamente vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño mayoritario del concurso Miss Universo.

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Esta empresa obtuvo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de contratos millonarios del gobierno federal para labores de vigilancia, incluso de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que ahora la investiga.

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (Seicsa) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la FGR que suman más de 300 millones de pesos para el resguardo y vigilancia de sus inmuebles.

MCCI obtuvo esta información del portal de Compras Mx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet), y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Más de 300 millones por resguardo de inmuebles de la FGR

Seicsa es una de las cinco empresas empleadas por la red de tráfico de armamento que supuestamente encabezaba Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente penal al que MCCI tuvo acceso.

Los contratos otorgados por la FGR a Seicsa tenían como objetivo la prestación de servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes, unidades administrativas y delegaciones de la Fiscalía General de la República en los distintos estados del país.

Tan solo en 2021, la FGR otorgó a Seicsa un contrato por 181 millones de pesos para brindar el servicio de vigilancia en las instalaciones de la dependencia.

Contratos a otros entes federales

La FGR no fue la única. La compañía Seicsa acumuló entre 2018 y 2024 decenas de contratos con múltiples dependencias como:

• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito)
• Banco del Bienestar
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
• Caminos y Puentes Federales (Capufe)
• Lotería Nacional
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
• Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot)
• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
• Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
• Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores
• Banco Nacional de Comercio Exterior

Durante la gestión de Manuel Bartlett en la CFE, Seicsa obtuvo convenios por hasta 264 millones de pesos para la vigilancia de inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.

La empresa Acurgen S.A. de C.V., en la que el representante de Seicsa, Jorge Enrique Alberts Ponce, es accionista, reportó como domicilio un inmueble de la calle Séneca, propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett.

El SAT le otorgó contratos a Seicsa para custodiar aduanas fronterizas clave para el contrabando (huachicol fiscal), incluyendo Tijuana, Nogales y Guaymas.

Otras empresas de la red también obtuvieron contratos millonarios

La indagatoria de MCCI mostró que otras empresas de la red criminal de Rocha Cantú también fueron beneficiadas con recursos federales:

• Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.: Acumula al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos (entre 2021 y 2024) con dependencias como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur y la Lotería Nacional.
• Servicios Terrestres de Seguridad Privada (Seter): Obtuvo al menos tres contratos con Liconsa en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.

La trama de tráfico de armas y licencias falsas

La investigación indica que la red utilizaba estas empresas de seguridad privada, incluida Seicsa, para adquirir, rematricular y traficar armamento.

El modus operandi consistía en distribuir las armas a grupos criminales con una licencia de portación a nombre de las propias empresas, lo que impedía que los portadores reales fueran detenidos en flagrancia.

El representante legal de Seicsa, Jorge Enrique Alberts Ponce, fue identificado por la FGR como uno de los líderes de la organización criminal, encargado de coordinar que las armas fueran rematriculadas ilegalmente y posteriormente distribuidas a grupos criminales como el Cártel del Golfo.

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A su vez, MCCI también reportó que Alberts Ponce participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con su empresa Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por haber participado en desvíos de la Estafa Maestra.