Abogados rompen el silencio: ‘Nos castigaron por exhibir la ignorancia de una jueza’

Una jueza del fuero común de Tamaulipas respondió con multas millonarias a dos abogados que se atrevieron a corregirla en audiencia.

La jueza de control Mónica Pérez Chapa impuso más de un millón de pesos a la abogada penalista Gladys Yesenia González Cruz y 836 mil 400 pesos al abogado Luis Eduardo Dávila porque le señalaron que estaba llevando erróneamente las etapas procesales.

Imágenes que circulan en redes sociales ponen en evidencia que en lugar de admitir sus errores o debatir sobre sus reclamos arremetió agresivamente contra ellos. Para los círculos jurídicos, ambos casos ponen en evidencia una reforma judicial fallida que colocó en el estrado a jueces sin carrera ni dominio del proceso penal.

Dos audiencias, la misma jueza y multas de escándalo

Lo que debió ser una discusión técnica terminó en una reacción autoritaria. Según los litigantes, la jueza desconocía reglas básicas del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al sentirse exhibida, respondió con la frase que hoy se le atribuye en los pasillos judiciales de Ciudad Victoria: “O te callas o te multo”.

“Yo solo pedí que aclarara su resolución para poder ir al amparo y la respuesta fue la sanción más alta que podía imponer”, resume Dávila.

En el video de la audiencia de Luis Eduardo Dávila se aprecia a la jueza subir el tono de voz y golpear con fuerza la mesa con el martillo antes de anunciar la multa.

Gladys Yesenia González Cruz, abogada penalista de Monterrey, viajó a Ciudad Victoria para asistir a un cliente en la audiencia intermedia, una de las más delicadas del proceso penal porque ahí se decide qué pruebas llegarán al juicio y cuáles quedan fuera.

La litigante relata que la juzgadora conducía la audiencia con demasiada improvisación, con preguntas vagas sobre cuántas pruebas eran sin analizarlas una por una, como exige la ley. Para ella le quedó claro que no dominaba las reglas básicas.

“Como nada de esto sucedió correctamente, cuando pedí el uso de la voz para que se respetara el procedimiento, la jueza me lo negó, impidiéndome el ejercicio de mi defensa técnica.”

En la grabación se observa a la jueza con gesto de hartazgo, escuchando a la defensora con evidente molestia antes de cortar la intervención y anunciar la sanción.

“Y no solo eso, reaccionó de manera inmediata, imponiéndome la multa más alta que prevé el Código, equivalente a cinco mil días de salario mínimo; estamos hablando de más de un millón de pesos, denuncia la abogada.

El mensaje, advierte, fue inequívoco. La multa no se usó como una medida procesal sino como castigo ejemplar por exhibir un error legal.

La defensa promovió un amparo indirecto ante un juzgado federal para combatir tanto la sanción como la violación a su derecho de audiencia, a la defensa y al debido proceso.

Días después, en otro asunto y en otra audiencia, el abogado penalista Luis Eduardo Dávila volvió a enfrentar el mismo patrón. Durante una audiencia de control judicial en Ciudad Victoria, donde se revisaban actuaciones del Ministerio Público, Dávila pidió algo tan elemental como que la jueza aclarara el fundamento de su resolución y explicara los elementos del tipo penal que la llevaban a negar la revocación de un acuerdo ministerial.

“Yo le pido a la jueza que me aclare los puntos de su resolución, porque de eso depende la estrategia de defensa y el amparo que voy a promover”, relata.

“No estoy peleando, no la estoy insultando, solamente le estoy pidiendo que cumpla con su obligación de explicar por qué está resolviendo en contra de mi cliente.”

“La jueza, ya algo molesta, da un golpe con el martillo y me multa por tres mil días de salario. La sanción equivale a 836 mil 400 pesos en la región. El abogado tuvo que acudir al Juzgado Segundo de Distrito, que le concedió una suspensión para impedir que se ejecute la multa por el daño irreparable que ocasionaría a su patrimonio y al de su familia. En el video se escucha a la jueza elevar la voz y golpear con tal fuerza la mesa que el martillazo rompe por completo el clima de la audiencia.

Jueza de elección popular

Detrás de las multas aparece otro dato incómodo. Según Dávila, la jueza Mónica Pérez Chapa no llegó al cargo por la ruta tradicional de carrera judicial, concursos de oposición y formación escalonada, sino a través del “proceso judicial extraordinario de la elección judicial” que siguió a la reforma al Poder Judicial, donde se incorporaron jueces por elección popular.

Para el litigante, este caso es la evidencia viva de que la reforma, vendida políticamente bajo la consigna de que “el pueblo es sabio”, terminó siendo un retroceso en la impartición de justicia.

La curva de aprendizaje de estos nuevos jueces “está costando mucho, no solamente a los abogados, a la sociedad en general”, advierte. Y lanza una pregunta incómoda: si una jueza reacciona así en una audiencia de control judicial, “¿qué sucedería si este tipo de jueces se encontraran en el escenario de un juicio, donde se define la responsabilidad penal de una persona?”.

Ambos abogados coinciden en algo que va más allá de su caso personal. Cada multa desproporcionada, cada voz silenciada en sala, no solo golpea al litigante. “Afecta a cualquier ciudadano que necesite una defensa justa”, sostiene la abogada. “Si se normaliza que una jueza use su cargo para castigar a quien la corrige, el mensaje que se envía al resto de la sociedad es devastador.”

Reasignar no basta

Tras la ola de críticas en medios y redes, el Consejo de la Judicatura de Tamaulipas decidió mover a la jueza. El pleno la reasignó del sistema penal acusatorio a una comisión del sistema tradicional.

Oficialmente no se presentó como sanción, ni siquiera como corrección disciplinaria. En el expediente de los abogados no existe todavía una resolución de fondo del Tribunal de Disciplina.

Los abogados agraviados dicen que el movimiento fue solo un intento de apagar el fuego mediático, no de corregir el fondo.

“No es correcto hacer un pozo para tapar otro.”

Lo que piden no es que la escondan, sino que la obliguen a hacer carrera judicial real. Capacitación en la Escuela Judicial es lo que necesita. Que el Poder Judicial de Tamaulipas asuma que incorporó a jueces “inexpertos” y los someta a estándares mínimos antes de permitirles decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas.

“Eso es lo que se debe evitar; lo que necesita nuestro país es regresar a una justicia en donde el juez tenga la preparación adecuada y no una justicia improvisada”, afirma el abogado.

Un espejo de lo que pasa en otros juzgados

Lo que ocurre en Ciudad Victoria es, para estos litigantes, el espejo de un problema más amplio. Una reforma judicial que prometió acercar la justicia al pueblo y terminó sembrando juzgados con funcionarios que, ante el primer cuestionamiento técnico, responden con miedo, enojo y multas millonarias. Una justicia improvisada que se defiende a golpes de martillo y no con argumentos.