FGR reaprehende a César Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita

La Fiscalía General de la República confirmó la reaprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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A través de un comunicado, la FGR indicó que Duarte Jáquez había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, derivada de investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua.

Apenas el pasado 4 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos autorizó a las autoridades mexicanas procesarlo por causas distintas al motivo de su detención inicial en Miami, Florida.

Por lo que agentes de la FGR cumplimentaron una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero.

César “N” es investigado por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Duarte Jáquez fue detenido cerca de las 14:00 horas de este lunes 8 de diciembre, cuando fue localizado y capturado por elementos fuera de su vivienda en la ciudad de Chihuahua.

La orden fue girada en mayo de 2024 por un juzgado del Centro de Justicia Penal de Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México y, según fuentes federales, será traslado a Penal Federal de “El Altiplano”, donde quedará a disposición del juez que lleva su caso.

Estaba “libre” desde 2024

En junio de 2024, una jueza le retiró la prisión preventiva porque se cumplió el plazo máximo de 2 años sin sentencia.

Desde entonces, César Duarte salió del penal (CERESO) y enfrentaba sus procesos en libertad condicional, portando brazalete electrónico y restricciones de movimiento, aunque se le vio en eventos públicos y restaurantes.

A mediados de 2025, César Duarte fue captado en video bailando animadamente en el bar “Plan B” de Chihuahua, cuando días atrás una corte de Texas había desestimado cargos civiles en su contra.

Las imágenes se volvieron virales y generaron gran indignación pues su defensa había alegado meses antes el deterioro de su salud para sacarlo de la cárcel y conseguirle la medida de libertad condicional que gozaba, hasta ahora.

¿De qué acusan a César Duarte?

Las acusaciones en contra del expriista se centran en el desvío sistemático de cientos de millones de pesos directamente de las arcas estatales hacia fines personales y del PRI.

Se le imputa haber creado una red de corrupción para triangular recursos públicos mediante simulación de contratos y servicios fantasma.

Entre los casos más emblemáticos está la llamada “Operación Safiro”, donde se desviaron 250 millones de pesos presuntamente para financiar campañas electorales del PRI, y transferencias por cerca de 96 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional División del Norte, una organización de la que él mismo era socio y fundador, utilizando el dinero para beneficio privado.

Más allá de los robos directos, el daño estructural más grave fue el manejo irresponsable de la deuda pública de Chihuahua.

Durante su gestión, la deuda estatal se disparó de manera alarmante, pasando de aproximadamente 12 mil millones a casi 48 mil millones de pesos, comprometiendo los ingresos futuros del estado, así como las cuotas de las carreteras de peaje, dejando a las administraciones siguientes sin liquidez operativa y sumiendo a la entidad en una crisis financiera que tardará décadas en sanearse.

El daño patrimonial se materializó en un presunto enriquecimiento ilícito inexplicable que fundamenta la reciente orden de aprehensión por lavado de dinero.

Se acusa que gran parte del dinero sustraído no desapareció, sino que fue “lavado” para adquirir miles de hectáreas en ranchos, ganado exótico y acciones en instituciones financieras (como el Banco Unión Progreso).

La acusación sostiene que Duarte utilizó el poder del estado para construir un imperio inmobiliario y financiero personal, ocultando el origen ilícito de los fondos mediante prestanombres y operaciones complejas que ahora Estados Unidos ha autorizado perseguir penalmente.

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