
Foto: Cuartoscuro
Estados Unidos autorizó a las autoridades mexicanas procesar a César Duarte por el delito de lavado de dinero.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte nuevamente está en el ojo del huracán debido a que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvieron tras salir de su domicilio.

De acuerdo con la FGR, el gobierno de Estados Unidos autorizó a México procesar a Duarte por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un delito distinto al que se le adjudicó en un principio.
De acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, Duarte podría ser trasladado al reclusorio de Almoloya, ubicado en el Estado de México.
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César Duarte fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Su nombre se ha convertido en sinónimo de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México.
Inició su carrera política en las filas del PRI, ocupando varios cargos internos. Fue diputado federal en tres ocasiones, llegando a ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de 2008 a 2009. Su ascenso lo llevó a ser electo como gobernador de Chihuahua para el periodo 2010-2016.
Javier Corral Jurado, sucesor de Duarte en el gobierno de Chihuahua, acusó al priista de adquirir de forma ilícita la compra de 50 propiedades en Estados Unidos, con un valor de aproximadamente 25 millones de dólares. Entre las propiedades adquiridas están los ranchos “De Enmedio”, “El Saucito”, “Rancho la Mesa” entre otros.
Sin embargo, el 26 de junio se dio a conocer que la causa en su contra había sido cerrada debido a que no se acreditó el enriquecimiento ilícito.
Javier Corral también acusó a su predecesor de múltiples delitos de peculado y asociación delictuosa. La acusación más destacada apunta a una red de desvío de miles de millones de pesos, incluyendo el uso de fondos gubernamentales para el pago de campañas electorales, sobornos y la llamada nómina secreta, que consistía en la retención ilegal de salarios de empleados públicos para financiar al PRI.
La causa penal que motivó su extradición se centra en el desvío de 96 millones de pesos.
Una investigación posterior y publicada en la revista Proceso reveló que Duarte supuestamente ocultaba 22 propiedades en Estados Unidos, principalmente en El Paso, Texas y Albuquerque, Nuevo México. Estas propiedades habrían sido manejadas a través de una red de familiares, incluyendo a su esposa, suegra, hijos y hermanos, también a operadores financieros en un esfuerzo por ocultar el dinero desviado del erario de Chihuahua.
La Conagua descubrió que en el rancho ‘El Saucito" se construyó una presa ilegal, lo que constituyó una retención ilegal de agua con severas implicaciones ecológicas. Este problema legal se convirtió en un obstáculo para su completa absolución.
La Conagua logró acreditar la ilegalidad de las obras a través de un proceso administrativo, el cual fue la base para la denuncia penal ante la FGR.
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Duarte fue detenido en Estados Unidos en julio de 2020. México solicitó su extradición y fue hasta 2022 cuando el exgobernador regresó al país para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado con penalidad agravada.

En junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez le concedió la libertad condicional sin una audiencia previa ni la solicitud formal de su defensa, argumentando que el plazo máximo de prisión preventiva oficiosa había vencido.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no apeló la decisión y pidió que el exgobernador use un brazalete electrónico para localizarlo, entregar su pasaporte y salir de la ciudad de Chihuahua.