
Foto: Cuartoscuro
La FGR sostiene que la pesquisa contra la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción no es una persecución política

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ha conducido bajo principios de legalidad y sin ningún sesgo o consigna política.
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A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló los avances del proceso penal que se le sigue por el presunto cobro indebido de una pensión tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien fuera asesor en Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Fiscalía precisó que el caso fue judicializado desde el pasado mes de septiembre, tras recabar los elementos probatorios suficientes para señalar un probable daño al erario público.
De acuerdo con la FGR, las pruebas presentadas ante el juez de control sugieren que se omitieron circunstancias clave sobre el fallecimiento de Márquez Padilla para obtener beneficios económicos que, según la normativa interna de la paraestatal, no correspondían bajo el esquema de “accidente de trabajo”.

Ante los señalamientos de diversos sectores civiles que califican el proceso como un acto de intimidación contra la activista, la dependencia federal fue enfática al declarar que el Ministerio Público de la Federación actúa de manera autónoma.
“La institución no responde a presiones externas ni a intereses de grupo; el proceso se basa estrictamente en la evidencia documental y testimonial obtenida durante la fase de investigación”, señaló la dependencia.
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Por su parte, María Amparo Casar y su equipo legal han sostenido en diversas ocasiones que los pagos fueron autorizados legalmente por la propia administración de Pemex en su momento y que el caso representa un uso faccioso de las instituciones de justicia.