
Foto: Cuartoscuro.
El descubrimiento de un buque cargado con huachicol fiscal en Tampico, Tamaulipas; reveló un esquema ilícito que ha puesto en jaque a morenistas de primer nivel.

En tiempos de la 4T el robo de combustible no solo no se erradicó, sino que mutó y escaló a altos niveles durante este 2025; revelando una compleja trama de “huachicol fiscal” y protección política que involucra a altos mandos, empresarios de élite y figuras clave en Morena.
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El escándalo detonó en marzo de 2025, cuando autoridades federales aseguraron un buque en las costas de Tamaulipas cargado con 12 millones de litros de diésel. La carga fue declarada en aduanas como “aditivos” o aceites lubricantes para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La operación expuso la vulnerabilidad de las aduanas marítimas, supuestamente blindadas por la Marina, y evidenció que el huachicol fiscal había estado operando bajo una red encabezada por el vicealmirante Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se mantiene prófugo.
Uno de los golpes más duros a la credibilidad institucional ocurrió cuando las investigaciones apuntaron hacia el círculo cercano del Almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de la Marina en la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el almirante había denunciado corrupción interna previamente, este 2025 se reveló la detención de mandos navales activos y a sus sobrinos políticos vinculados a redes de protección en aduanas.
Se descubrió que una red interna facilitaba el paso de buques con combustible ilegal, cobrando cuotas millonarias para permitir la descarga sin revisión, contradiciendo el discurso de “limpieza total” en los puertos.
En septiembre pasado, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de marinos en activo y retiro, funcionarios aduanales, así como empresarios vinculados con el esquema de huachicol fiscal.
Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías, pero su presunto cómplice y hermano Fernando, sigue prófugo.
La sombra del huachicol se extendió hasta el Senado y la estructura política de Tabasco. Las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco destaparon las operaciones de la organización criminal “La Barredora”.
Bermúdez Requena fue pieza clave durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, ahora coordinador de los senadores de Morena.

Sin embargo, testimonios y documentos de inteligencia filtrados revelaron que, bajo la protección de las autoridades estatales, “La Barredora” controlaba el trasiego de combustible robado y el cobro de piso a gasolineras en el sureste.
La oposición y corrientes internas de Morena han exigido que se investigue si el financiamiento de estas redes ilícitas benefició carreras políticas locales, poniendo al exsecretario de Gobernación en una posición incómoda durante todo el 2025.
Además, filtraciones de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en tiempos de Alejandro Gertz Manero, pusieron en jaque a López Hernández, pues se dieron a conocer declaraciones de testigos colaboradores que vinculaban directamente a Adán Augusto y a otros morenistas de primer nivel.
La investigación de la FGR apuntó hacia el empresario tabasqueño Saúl Vera, como dueño de la concesión del muelle 289 en Tampico, Tamaulipas, según dio a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
A través de este muelle se habrían descargado toneladas de “huachicol fiscal” mediante la llegada de buques y uno de los beneficiarios principales habría sido Vera Ochoa.

En el expediente judicial mencionó que el extitular de la Aduana de Tampico y ahora testigo protegido de la FGR, el Capitán Alejandro Torres Joaquín declaró que ese muelle estaba concesionado a un empresario “que tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”.
La ASIPONA de Tampico concedió la explotación de ese muelle a Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, una empresa que se constituyó en junio de 2020.
Vera también es dueño de la empresa Acuitab, que constituyó en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.
Además, en 2022, el empresario Saúl Vera Ochoa habló abiertamente de su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López, quien buscó la candidatura en el proceso interno de Morena.
Este año surgieron nuevos reportes que ligan a “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena, con contratistas de Pemex y la presunta venta de terrenos estratégicos para almacenamiento de combustible.

De acuerdo con Código Magenta, documentos de inteligencia nacional y extranjera expusieron que el secretario de Organización de Morena supuestamente habría tejido una red de 27 amigos y cómplices incrustados en posiciones estratégicas dentro de Pemex, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Aduanas.
A través de esta estructura se operaba un andamiaje jurídico y fiscal para supuestamente permitir la importación ilegal de combustibles.
Entre los señalados figuran Daniel Asaf, diputado de Morena; Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex, y Marcos Manuel Herrería.
Esquema que supuestamente generó ingresos ilícitos por 55 mil millones de dólares, el cual presuntamente habría financiado las campañas electorales de Morena a partir de 2021.
Según la filtración de la FGR, un testigo colaborador de las investigaciones por el buque en Tampico, reveló que el esquema que operaba en los puertos presuntamente contaba con la “protección del hijo del presidente”, aunque no se reveló el nombre de los hijos.
Quizás el giro más mediático del año involucró a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de la franquicia Miss Universo.

Lo que parecía un imperio de negocios y glamour se vio empañado cuando la FGR intensificó las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.
Se le señala de participar en una red que importaba combustible de Estados Unidos y Guatemala sin pagar impuestos, para luego distribuirlo en estaciones de servicio a precios competitivos, presuntamente lavando las ganancias a través de sus negocios lícitos.
La pérdida de su estatus de “testigo protegido” y las órdenes de aprehensión giradas a finales de año confirmaron que el negocio de la belleza tenía, presuntamente, un trasfondo de hidrocarburos ilícitos.
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