
Foto: Cuartoscuro
El primer año de Claudia Sheinbaum cierra con el destape de nexos criminales al más alto nivel (desde la Marina hasta Adán Augusto), el regreso del asedio de Donald Trump y el nacimiento de un nuevo movimiento social tras el asesinato de Carlos Manzo.

El 2025 no fue un año de transición, fue un año de revelaciones. Al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Claudia Sheinbaum, el país enfrentó una realidad cruda: casos de corrupción que desnudaron la narcopolítica, violencia extrema y el hartazgo de una sociedad que, inspirada en símbolos globales, volvió a tomar las calles.
Aquí el recuento de los hechos que definieron a México este año:
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Uno de los principales problemas del país fue el aumento de tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump que inició en enero.

Pues ha mantenido al borde del asiento al gobierno de Claudia Sheinbaum con las constantes amenazas de aumentar aranceles, principal herramienta de ‘negociación’ de Trump, a productos que ingresen a su país en caso de que el gobierno mexicano no tome medidas drásticas contra los cárteles de la droga.
También ha intensificado su retórica en contra de los migrantes a lo largo del 2025, a quienes responsabiliza del incremento en la violencia dentro de su país, desembocando en el endurecimiento de medidas antimigrantes y redadas continuas.
Aunque la administración de Sheinbaum ha logrado evitar el aumento generalizado de aranceles y se ha reconocido el blindaje en las fronteras del país, así como el incremento de detenciones, Trump continúa con sus amagos y ha puesto en la mesa la posibilidad de realizar ataques en el país contra grupos criminales luego de haberlos decretado como organizaciones terroristas.
El 5 de marzo, la sociedad mexicana se horrorizó ante el descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, Luego de que colectivos de búsqueda ingresaron al lugar en el que encontraron cientos de prendas abandonadas, pertenencias y fragmentos óseos calcinados en un terreno, el cual fue catalogado como un campo de exterminio y entrenamiento de sicarios.

El rancho estaba a cargo del CJNG y servía, de acuerdo con las investigaciones, como un campo de entrenamiento para sicarios reclutados a la fuerza. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, dentro de este se asesinaban y desaparecían personas, así como los reclutas que intentaban escapar.
Su existencia, sin embargo, no era ajena al gobierno, pues de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en un reporte de la Guardia Nacional del 2019 se reportaba la presencia de cuerpos calcinados en el lugar y en el 2024 la corporación realizó un operativo en el que detuvieron a 10 secuestradores en el rancho, pero este siguió operando.
Pese al hallazgo de crematorios caseros por parte de los colectivos, la Fiscalía General de la República (FGR) negó la existencia de estos y rechazó la versión de que se tratase de un campo de exterminio.

Por el caso se han detenido a varias personas: al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, quien fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada agravada en mayo; a José Gregorio ‘El Lastra’, reclutador y líder de una célula del CJNG, así como tres expolicías involucrados con el cártel.
Uno de los casos que destacó en el año fue la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar el grupo criminal ‘La Barredora’ responsable de extorsiones, tráfico de drogas y huachicol en Tabasco.
Fue detenido en Paraguay y extraditado a México el 19 de septiembre y se ha vuelto una ‘piedra en el zapato’ de Morena, pues una de sus figuras clave y cercanas al expresidente AMLO se vio salpicada por el caso: el senador Adán Augusto López.

Ya que López Hernández fue gobernador del estado de Tabasco y quien lo nombró para el cargo, por lo que se le ha señalado de actuar en complicidad con Bermúdez Requena. Y aunque el morenista ha negado conocer el actuar de su subordinado, información de autoridades militares indican lo contrario.
Además, investigaciones periodísticas señalan que durante su administración en Tabasco favoreció a un hermano de Bermúdez Requena con contratos millonarios, así como a otros familiares de su exsecretario. Pese a todos los señalamientos y otras polémicas, Adán ha sido respaldado por Morena y no se le ha abierto investigación alguna.
El caso de ‘La Barredora’ no fue el único que dejó expuesta la infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras gubernamentales, pues a inicios de septiembre se dejó al descubierto una red de huachicol fiscal que operaba dentro de una de las dependencias que hasta el momento se creía una de las más incorruptibles.

Se trata de la red de huachicol fiscal liderada por los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, que a través de sobornos entregados a funcionarios aduanales, permitían la entrada de combustible ilícito haciéndolo pasar por otras sustancias durante el sexenio de López Obrador.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, liderado por Omar García Harfuch, las investigaciones iniciaron en el 2022 luego de que el extitular de la Semar, Rafael Ojeda Durán habría denunciado irregularidades en la secretaría. Cabe señalar que los hermanos Farías Laguna son sobrinos de Ojeda Durán.
Manuel Roberto fue detenido a inicios de septiembre junto a otros servidores públicos y empresarios vinculados a la red. Por su parte Fernando se encuentra prófugo de la justicia.
Otro de los eventos trascendentales a nivel nacional, fue la celebración de la primera elección del Poder Judicial con la que se eligieron ministros, jueces y magistrados a nivel federal y local, tras la aprobación de la polémica reforma de AMLO como venganza política contra uno de los Poderes de la Unión.

La elección se llevó a cabo el 1 de junio y brilló por la poca afluencia de personas en las casillas destinadas para el proceso electoral: solo el 13% de la población inscrita en la lista nominal acudió a votar.
No solo eso, sino que la jornada se caracterizó por el reparto de ‘acordeones’ en los que se indicaba votar por candidatos específicos afines o cercanos a Morena, los cuales terminaron ganando pese al rechazo generalizado y acusaciones de fraude.
Esto generó una fuerte discusión en el INE, pues algunos consejeros se posicionaron en contra de validar los resultados. Pese a esto, fueron aprobados y el 1 de septiembre, los ganadores, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron posesión de sus cargos pese a las quejas de la oposición y colectivos, ya que la Corte quedó conformada con perfiles morenistas.

Noviembre arrancó con uno de los eventos que marcó el cierre de año: el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. El crimen ocurrió el día primero, durante un evento público de Día de Muertos y frente a su esposa, Grecia Quiroz, y sus hijos.
El magnicidio reactivó al ‘Movimiento del Sombrero’. Fundada originalmente por Manzo, la agrupación ahora es liderada por su viuda, Grecia Quiroz, quien busca capitalizar el legado político del edil para competir por la gubernatura e incluso la presidencia.

Ante la popularidad de Manzo, cimentada en sus denuncias frontales contra la inseguridad, el Gobierno Federal atrajo el caso. La investigación oficial apuntó rápidamente a una colusión entre el CJNG y los propios escoltas del alcalde.
Sin embargo, pese a la detención de 10 personas (incluidos 7 escoltas y el presunto autor intelectual), el ‘Movimiento del Sombrero’ denuncia que esto es una ‘tapadera’. Acusan a las autoridades de encubrir a los verdaderos responsables: sus rivales políticos de Morena, señalando directamente a Raúl Morón, Leonel Godoy y Nacho Campos.

El crimen en Uruapan desbordó las fronteras de Michoacán, poniendo en jaque al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y detonando una ola de indignación nacional ante la violencia incontenible.
Inspirado por las protestas en Nepal e Indonesia, donde la bandera del anime One Piece se convirtió en símbolo de libertad, el colectivo ‘Generación Z’ convocó a una movilización masiva. El 15 de noviembre, las calles de la Ciudad de México y otros estados se llenaron de una mezcla inusual: jóvenes con símbolos de la cultura pop marchando junto a adultos mayores y remanentes de la ‘Marea Rosa’, unidos contra la corrupción y la inseguridad.
Sin embargo, la jornada terminó en confrontación. La irrupción de un ‘bloque negro’ en el Zócalo capitalino desató un choque con la policía, cuya respuesta indiscriminada afectó tanto a los encapuchados como a los contingentes pacíficos.
La respuesta oficial fue la negación. El gobierno rechazó haber reprimido la protesta y descalificó el movimiento, atribuyéndolo a una estrategia de la oposición y el sector empresarial. Aunque la narrativa oficial intentó sofocar el ánimo, la ‘Generación Z’ volvió a las calles el 20 de noviembre y el 14 de diciembre, aunque con una convocatoria visiblemente mermada por el miedo.
El 2025 también fue el año en que la cúpula morenista perdió el pudor. Los lujos de la ‘nueva élite’ contrastaron brutalmente con el discurso oficial.
‘Andy’ López Beltrán se convirtió en el rostro de esta contradicción. Mientras el movimiento defiende la modestia, él disfrutaba de la vida sibarita en Tokio, pagando cuentas inalcanzables para el ciudadano promedio.

En paralelo, el autodenominado ‘plebeyo’, Gerardo Fernández Noroña, estrenó una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán. La polémica no fue solo el monto, sino la opacidad: el senador se escudó en la privacidad para no mostrar los contratos de su supuesto crédito bancario, dejando en el aire la duda sobre la legitimidad de su patrimonio.