Artículo 19 condena la persecución legal contra Vanguardia y alerta expansión de la censura en México

El acoso judicial contra el medio Vanguardia ya no es un hecho aislado. De acuerdo con la organización Artículo 19, las acciones legales emprendidas contra este periódico se han replicado en otros estados del país, configurando un patrón preocupante de uso del sistema judicial como herramienta de censura contra la prensa.

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Lejos de tratarse de litigios legítimos, los casos documentados muestran una estrategia sistemática para intimidar, desgastar y silenciar a medios críticos mediante demandas, denuncias penales y procesos administrativos que imponen altos costos económicos y emocionales a periodistas y redacciones.

Judicialización del periodismo: una forma moderna de censura

Artículo 19 advierte que este tipo de acoso judicial representa una de las amenazas más graves para la libertad de expresión en México. A diferencia de agresiones físicas, estas prácticas se amparan en una aparente legalidad, pero su objetivo real es inhibir investigaciones periodísticas y castigar publicaciones incómodas para el poder político y económico.

En el caso de Vanguardia, la organización señala que los procesos legales han sido utilizados de forma reiterada y desproporcionada, sin que exista un interés genuino por la reparación del daño, sino por enviar un mensaje ejemplarizante al resto de la prensa.

Un patrón que se replica en entidades federativas

El informe subraya que este modelo de persecución no se limita a una sola entidad. Autoridades y actores con poder en distintos estados han comenzado a replicar estas prácticas, lo que revela una normalización del acoso judicial como mecanismo de control informativo.

Este fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia de restricción del espacio cívico, donde periodistas enfrentan no solo riesgos físicos, sino también una carga legal constante que busca paralizar su labor mediante el miedo y la incertidumbre.

Demandas estratégicas contra la prensa

Artículo 19 identifica estas acciones como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio ampliamente reconocido a nivel internacional por su carácter abusivo. Estas demandas no buscan ganar en tribunales, sino agotar a los medios mediante procesos largos y costosos.

La organización enfatiza que permitir este tipo de prácticas sienta un precedente peligroso: si informar tiene consecuencias legales, la autocensura se convierte en una medida de supervivencia.

Libertad de expresión en riesgo

Ante este escenario, Artículo 19 llamó a las autoridades judiciales a actuar con estándares de derechos humanos y a frenar el uso faccioso del sistema legal contra periodistas. Asimismo, reiteró que la crítica, la investigación y la rendición de cuentas no pueden ser criminalizadas.

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El caso de Vanguardia se convierte así en un símbolo de una batalla más amplia: la defensa del periodismo frente a nuevas formas de censura que, bajo el disfraz de la legalidad, buscan callar voces incómodas y debilitar la democracia.