Foto: Cuartoscuro
Despidos no paran en el Poder Judicial: recortes, oficinas selladas y ajustes que aprietan la nómina
El nuevo Poder Judicial vive un caos en su interior por la ola de despidos que se han registrado
Salvador Maceda
Publicada: ene 23 a las 09:00, 2026
Del Tribunal de Disciplina a una ponencia completa y un plan de austeridad que aprieta plantillas.
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En el nuevo engranaje administrativo del Poder Judicial de la Federación, la incertidumbre laboral dejó de ser un rumor y empezó a tomar forma de hechos verificables.
Primero aparecen los ceses y los cierres de oficinas, luego los trámites que no avanzan y, en paralelo, un plan de disciplina presupuestaria que exige recortar estructuras justo donde el gasto se concentra casi por completo. Ese plan alcanza al Órgano de Administración Judicial, Tribunal de Disciplina, Tribunal Electoral y Suprema Corte de Justicia.
El patrón no es un episodio aislado. Son decisiones que se van encadenando en distintas áreas y que, sumadas, anticipan una presión mayor sobre el empleo.
Quienes atraviesan este proceso describen un escenario con pocas opciones reales para defenderse.
Colaboradores del propio Poder Judicial señalan que llegan al despido con expectativas mínimas de encontrar respaldo institucional o una ruta eficaz de impugnación, porque perciben que el ambiente en juzgados y tribunales está marcado por la elección judicial y por la llegada de perfiles que identifican como cercanos al oficialismo. En esa lectura, el golpe no se limita a perder el empleo, también incluye la sensación de quedarse sin un contrapeso confiable al que acudir.
Treinta despidos en el Tribunal de Disciplina
La semana pasada, 30 empleados del Tribunal de Disciplina Judicial fueron despedidos, de acuerdo con la información proporcionada.
El dato se integra a una serie de movimientos de personal que ya se reflejan en otras áreas del nuevo diseño institucional.
La renuncia de la magistrada Pérez Romo y el cese de toda su ponencia
La renuncia sorpresiva de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo en el Órgano de Administración Judicial derivó en el cese inmediato de más de 60 trabajadores adscritos a su ponencia, quienes se enteraron por avisos de rescisión.
El 6 de enero que la magistrada renunció a cuatro meses de su designación como integrante del órgano colegiado que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal. Al momento se desconocen las razones de su salida.
La última vez que Pérez Romo se presentó en sus oficinas del Órgano de Administración Judicial, ubicadas en avenida Revolución 1508, al sur de la Ciudad de México, fue el 15 de diciembre de 2025, antes del periodo vacacional del Poder Judicial.
Trascendió que el viernes 12 de diciembre sostuvo un convivio con su equipo por las fiestas decembrinas y dirigió un mensaje de continuidad en el que señaló que en 2026 habría mucho trabajo y pidió profesionalidad y empeño.
Sin embargo, al reanudarse labores el 2 de enero, la magistrada ya no se presentó a trabajar ni acudió a la sesión solemne de inauguración del periodo ordinario de sesiones del Órgano de Administración Judicial. Muy pocos sabían que había presentado su renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que la designó directamente para integrar el nuevo órgano.
La mañana del 6 de enero, dos abogadas del área jurídica del Órgano de Administración Judicial acudieron a la ponencia con avisos de rescisión de contrato para más de 60 colaboradores. Así fue como el personal se enteró de la salida de su titular.
El corte fue inmediato, no se designaron funcionarios para resguardar computadoras y mobiliario. Por ello, las oficinas que conformaban la ponencia, en los pisos 11 y 6, fueron cerradas con sellos de seguridad con logos del Poder Judicial.
Los trabajadores cesados acudieron al área de Recursos Humanos para concluir los trámites de baja, pero al llegar a las oficinas de Picacho Ajusco recibieron la noticia de que ahí no existía conocimiento del cese.
En ese momento, nadie se acercó de forma oficial para decirles qué hacer o cómo cerrar el trámite. Algunos de los afectados consultados, tenían plaza de base en otras áreas y pudieron volver, pero quedaron atorados porque no pueden mover nada hasta que su baja del Órgano de Administración Judicial aparezca en el sistema. Y quienes no tienen base y salen de plano, tampoco pueden cobrar su seguro de retiro hecho con sus ahorros quincenales, porque sin la hoja de baja no les liberan ese dinero.
Hasta ahora no se sabe dónde está la magistrada. En medio del caos, ni la Corte ni el propio Órgano han explicado de manera pública por qué se fue ni qué va a pasar con el personal que trabajaba con ella.
Austeridad 2026 con impacto en plantillas y contrataciones
En paralelo a estos movimientos de personal, el pleno del Órgano de Administración Judicial aprobó por unanimidad el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, con medidas de austeridad para todos los órganos del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
El documento, aprobado el 11 de diciembre de 2025, plantea la reducción de 10 por ciento del costo total anual de las estructuras orgánicas y ordena cumplirlo a más tardar al cierre de este mes.
De acuerdo con la información citada, el acuerdo ya genera incertidumbre entre funcionarios con plazas temporales y definitivas, además de empleados por honorarios, debido a que se han cancelado plazas.
También establece que la contratación de servicios profesionales por honorarios quedará condicionada a convenios de tres meses y a un máximo de seis meses durante el ejercicio fiscal. Asimismo, dispone disminuir en 50 por ciento, respecto de 2025, los recursos para servicio de comedor en instalaciones y los gastos destinados a viáticos y comisiones.
El acuerdo fue certificado por César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del pleno del Órgano de Administración Judicial, y firmado por López Ramírez y el presidente del órgano, Néstor Vargas Solano. Además, fija que a más tardar el último día hábil de febrero cada entidad deberá publicar sus lineamientos y el monto de la meta de ahorro.
En materia de plazas, dispone reducir al mínimo los recursos para creación de puestos durante 2026 y sujetar cualquier autorización a la Comisión de Administración y al pleno. También prevé la optimización de plazas mediante traspaso de vacantes y, en su caso, movimientos compensados de cancelación y creación.
De igual forma, establece que cuando una plaza quede vacante en comisiones permanentes, secretarías generales, secretarías ejecutivas, áreas administrativas, de vigilancia, órganos auxiliares y de apoyo, deberá permanecer desocupada al menos 30 días naturales. Las vacantes con más de cuatro meses serán puestas a disposición del Órgano de Administración Judicial.
Un presupuesto concentrado en nómina
En el centro de la disciplina presupuestaria está el dato duro nada alentador. Casi 90 por ciento del presupuesto del antiguo Consejo de la Judicatura, y ahora del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, se destina a sueldos y salarios.
En ese marco, los despidos ya registrados, el desmantelamiento completo de una ponencia tras una renuncia no informada a sus colaboradores y un plan que exige recortar el costo de estructuras abren una presión directa sobre el empleo dentro del Poder Judicial.
