Un juez federal frenó provisionalmente la orden de aprehensión de Farías, señalado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos
El juez Rubén Darío Noguera, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva al contralmirante Fernando Farías Laguna. Esta medida cautelar impide, por el momento, que sea detenido por la orden de aprehensión librada en su contra por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
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De acuerdo con Latinus, la resolución judicial especifica que la suspensión no representa una absolución ni un pronunciamiento sobre la inocencia del imputado.
En cambio, el fallo establece que, en caso de ser aprehendido, Farías Laguna deberá quedar a disposición del Juzgado de Distrito en lo relativo a su libertad personal y ante la autoridad judicial correspondiente para la continuación de su proceso penal.
Fernando Farías Laguna, quien se encontraba prófugo desde agosto de 2025, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los presuntos líderes de una estructura criminal dedicada al “huachicol fiscal”.
A diferencia de su hermano Fernando, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México (Altiplano) tras ser detenido y vinculado a proceso en septiembre de 2025 por los mismos cargos.
Recientemente, Manuel Roberto envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicitó su intervención para revisar su caso. En el texto, el exmando naval denunció un proceso “viciado y perverso”, alegando que las autoridades han intentado fabricar culpables basándose en investigaciones imprecisas.
Su defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, sostiene que la detención responde más a un “ánimo de venganza que de justicia”.
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Por su parte, la FGR mantiene la facultad de impugnar la suspensión concedida a Fernando Farías ante un Tribunal Colegiado, instancia que decidirá si confirma, modifica o revoca la protección judicial otorgada en primera instancia.
