
Foto: Cuartoscuro
La presidenta del INE estrena una camioneta blindada en medio del discurso de austeridad y las críticas por el uso de recursos públicos en órganos autónomos.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, fue vista esta semana abordando una camioneta blindada BMW X5 cuyo valor de mercado supera los 2 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de vehículos de lujo por parte de altos funcionarios públicos.
De acuerdo con Latinus, el vehículo, de color negro y con evidentes cristales blindados, fue captado al término de una sesión del Consejo General del INE, cuando Taddei Zavala abandonó las instalaciones del organismo.
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La unidad se sitúa en el rango de precio que va desde aproximadamente 1.6 millones hasta más de 2.19 millones de pesos antes de considerar el costo adicional del blindaje, un elemento que no es de fábrica y que incrementa el valor final del auto.
Al ser cuestionada por reporteros sobre si la camioneta le pertenecía personalmente o de dónde provenía el vehículo, Taddei Zavala evitó responder y subió el cristal del auto antes de retirarse.
Este silencio ha alimentado la polémica, dado que la normativa interna del INE establece que los 11 consejeros del organismo tienen asignada para su movilidad una Chevrolet Captiva oficial, unidad que forma parte de la flotilla institucional y que es significativamente más modesta en costo y equipamiento.
Desde su nombramiento como presidenta del INE en 2023, Taddei había utilizado una Volkswagen Taos color gris, distinta a la flotilla oficial. Sin embargo, en lo que va de 2026 ha sido vista recurrentemente en la BMW X5 blindada, incluso en eventos oficiales como una reunión de consejeros con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral.
La compra de nueve camionetas blindadas de lujo para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un nuevo frente de críticas al Poder Judicial, especialmente porque se dio en medio del discurso de austeridad que acompañó la reciente reforma judicial. Cada unidad —modelos Jeep Grand Cherokee— supera los 3.7 millones de pesos al considerar el costo base y el blindaje de última generación, lo que desató cuestionamientos sobre la congruencia entre el gasto y la narrativa de “justicia cercana al pueblo”.
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Aunque la Corte defendió la adquisición al argumentar razones de seguridad y la necesidad de proteger a sus integrantes por la naturaleza de su encargo, el tema escaló al debate público cuando actores políticos —incluido el senador Gerardo Fernández Noroña— salieron a justificar el uso de estos vehículos como “herramientas de trabajo”. La controversia se amplificó al compararse con otros episodios recientes de presuntos lujos en el ámbito judicial, alimentando la percepción de que, pese a los cambios impulsados, los privilegios persisten en las altas esferas del Poder Judicial.