
Foto: Cuartoscuro
Adán Augusto dejó la coordinación de los senadores de Morena, pero continúa protegido con el manto del fuero

Es la caída política más drástica dentro de la llamada Cuarta Transformación. Adán Augusto López Hernández salió de las primeras líneas de mando y del círculo operativo que durante años controló el poder real.
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Sin embargo, esa caída no lo dejó desprotegido. Desde su curul como senador, conserva el fuero constitucional que mantiene atadas de manos a las autoridades y blinda su posición frente al cúmulo de denuncias y escándalos que lo rodean.
Aunque su salida de los espacios de decisión evidenció el desgaste político acumulado, su permanencia en el Senado opera como un seguro de impunidad.
La Fiscalía General de la República no puede actuar sin un juicio de desafuero y su propia bancada en el Congreso no muestra la menor intención de impulsarlo. Así, mientras su influencia se reconfigura, el andamiaje institucional permanece intacto para protegerlo.
Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena y de quién decían era de los hombres más cercanos y confiables del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acumula una de las listas de acusaciones más extensas y graves en la vida pública del país.
Protegido desde el corazón del poder, Adán Augusto es hoy el hombre más denunciado de la política mexicana contemporánea y también el más intocable.

El 20 de octubre, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó ante la Fiscalía General de la República 37 denuncias formales contra Adán Augusto, acusándolo de encubrimiento, tráfico de influencias y protección a la organización criminal conocida como “La Barredora” durante su gestión como gobernador de Tabasco.
El epicentro del caso es su colaborador cercano Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado, hoy preso y vinculado a procesos por secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
La propia carpeta de investigación de la FGR señala que testigos protegidos advirtieron que Adán Augusto ofreció la Secretaría de Seguridad a Bermúdez a cambio de garantizar una elección sin violencia en 2018, mediante pactos con células del Cártel de Sinaloa, particularmente con un operador identificado como el Pelón de Playa.
Las confesionales indican que tras ganar la elección, Adán Augusto cumplió la promesa y colocó a Bermúdez primero como jefe de Investigación de la Fiscalía estatal y posteriormente como secretario de Seguridad.

Investigaciones periodísticas documentaron que empresarios cercanos al círculo político de Adán Augusto López estuvieron vinculados al control operativo de un muelle en el puerto de Tampico, Tamaulipas, utilizado presuntamente para la descarga de combustible de origen ilícito.
Testimonios protegidos y documentos corporativos señalan que durante 2024 y 2025 arribaron embarcaciones con cargamentos de hidrocarburo robado, en un esquema que incluyó sobornos y triangulación logística.
Los registros mercantiles vinculan a empresas relacionadas con ese muelle con operadores que tuvieron relación previa con la red empresarial certificada desde la notaría de Adán Augusto en Tabasco.
Aunque el senador negó participación directa, los señalamientos lo colocan como figura política clave dentro de un modelo de huachicol fiscal de escala regional, sin que exista investigación penal abierta en México.
En octubre de 2025, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló la existencia de al menos ocho horas de grabaciones privadas obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia.
En ellas se escucharía a Adán Augusto conversar con Hernán Bermúdez sobre temas que rebasan la agenda institucional, lo que refuerza las sospechas de colusión.
En otro audio, de acuerdo con el periodista, Adán Augusto conversaría con la senadora Andrea Chávez y lanza insultos directos y despectivos contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad ni ha informado sobre consecuencias legales derivadas de estas grabaciones.

Durante años, Adán Augusto fue titular de la Notaría 27 de Villahermosa.
Desde esa posición certificó la creación de más de 40 empresas ligadas a familiares, amigos y operadores políticos.
Varias de estas compañías obtuvieron contratos públicos millonarios durante su gobierno como gobernador de Tabasco.
Algunas están bajo investigación del SAT como empresas fantasma.
Otras aparecen vinculadas tanto a La Barredora como a contratistas favorecidos por Pemex.
Este uso de la notaría para blindar estructuras empresariales ligadas al poder público ha sido señalado como un caso de tráfico de influencias y conflicto de interés por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción, con respaldo en registros notariales oficiales.
No existe hasta hoy una sola acción penal en su contra.

Organismos civiles y medios nacionales documentaron la existencia de una red de empresas presuntamente fantasma que obtuvo contratos públicos por más de 2 mil 300 millones de pesos durante gobiernos morenistas en Tabasco.
Estas compañías comparten domicilios inexistentes, accionistas sin capacidad financiera real y vínculos con operadores cercanos a Adán Augusto y a Hernán Bermúdez Requena.
Las investigaciones describen un esquema de prestanombres y facturación simulada utilizado para el desvío de recursos públicos, sin que hasta ahora se haya ejercido acción penal o fiscal contra los beneficiarios finales.
Sus hijos Adán Payambé y Augusto Andrés ocuparon cargos públicos sin contar con título profesional.
Uno fue asesor en el Senado y el otro contratado en la Cámara de Diputados, con salarios de hasta 60 mil pesos mensuales. Además, Payambé fue secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura de Tabasco.

Los registros oficiales acreditan que ambos fueron incorporados por influencia directa de su padre.
El caso fue exhibido públicamente como nepotismo de cuarta, sin que autoridad alguna sancionara la maniobra.
Entre 2023 y 2024, Adán Augusto recibió al menos 79 millones de pesos en transferencias bancarias de empresas contratistas del gobierno de Tabasco, muchas ligadas a su red notarial.
Una investigación de N+ reveló que estos recursos no fueron reportados en su declaración patrimonial.
Entre los pagos destacan transferencias de la empresa fantasma GH Servicios Empresariales y de Capital Cargo del Golfo, beneficiaria de contratos durante su gobierno.
Adán Augusto argumentó que se trataba de pagos por servicios profesionales y una herencia, sin que exista prueba documental que respalde su versión.

Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades graves durante su gobierno en Tabasco, con observaciones que superan los 800 millones de pesos por presunto daño patrimonial.
Las anomalías incluyen contratos sin comprobación, pagos indebidos, obras con sobrecostos y servicios no acreditados, varios otorgados a empresas vinculadas a su entramado empresarial.
Pese a tratarse de informes oficiales, ninguna de estas observaciones ha derivado en sanciones administrativas ni penales.
Durante el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial, se documentó que Adán Augusto realizó gastos en propaganda y promoción territorial que rebasaron ampliamente los límites establecidos por la normativa electoral.
Investigaciones periodísticas señalan montos que duplicaron el tope permitido y recursos que no fueron reportados ante las autoridades electorales.
A pesar de la evidencia pública, el INE no impuso sanciones de fondo ni inició procedimientos sustantivos.
Como coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto fue señalado por el manejo discrecional de recursos internos, partidas presupuestales y asignaciones administrativas sin transparencia clara.
No existe resolución del órgano interno de control que haya derivado en sanciones.
En septiembre de 2025, el PRI, a través de su dirigente Alejandro Moreno, presentó una denuncia ante el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusando a Adán Augusto de formar parte de un esquema de huachicol transfronterizo y lavado de dinero.
La denuncia lo señala como operador de un modelo criminal que incluyó robo de crudo, exportación ilícita y triangulación fiscal.

Las agencias estadounidenses no han desmentido la recepción de la denuncia. En México, el caso no ha motivado solicitud de desafuero ni investigación formal.
Adán Augusto López cayó del primer círculo del poder, pero no de la protección institucional.
Su fuero como senador sigue operando como un muro de contención mientras la Fiscalía guarda silencio y el Congreso se niega a actuar.