Las 4 polémicas que marcaron al alcalde morenista de Tequila detenido por extorsión

Este jueves, el partido Morena arranca con un nuevo acontecimiento que lo deja mal parado, pues autoridades federales detuvieron al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien es acusado de liderar una red de extorsión en el municipio.

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Autoridades lo investigan por el manejo de esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras y tendría nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el peligroso cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La información pública sobre el edil es poca, pues en la página del Ayuntamiento es el único funcionario que no cuenta con su información curricular disponible y sus declaraciones patrimoniales solo hay registro de las presentadas en 2023 dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia con información sin registrar en la mayor parte del documento.

Pese a esto el alcalde ha destacado por varias polémicas en las que se ha visto envuelto.

Museo del Tequila

De los primeros escándalos que protagonizó fue el de la toma del Museo Nacional del Tequila en junio del 2025. El recinto fue cerrado por obras de remodelación en el lugar, sin embargo, este se dio sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por ello, el INAH solicitó la intervención de las autoridades, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional catearon el lugar. Días después el gobierno estatal analizó retirar el comodato del museo al gobierno municipal.

Ya que detectaron en el operativo que las adecuaciones al recinto fueron realizadas por el presidente municipal al utilizar el lugar como residencia personal y oficinas.

Al respecto, en redes sociales el alcalde negó los señalamientos, aunque reconoció que se hicieron “reparaciones” dentro del Museo y declaró ante la Fiscalía y el INAH concluyendo en un trato para subsanar los daños que realizó en el recinto.

Detención del camarógrafo

Ligado a la apropiación del museo, estuvo la polémica detención de un periodista que cubría el operativo en el recinto. El camarógrafo Beto García de N+ se encontraba grabando cuando policías municipales le impideron que grabara el operativo y después lo detuvieron.

Ante los hechos, Rivera Navarro se deslindó de los hechos a través de un video asegurando que su administración no ordenó ninguna detención, en cambio, exigió su liberación inmediata: “giré instrucciones para que lo liberen de inmediato en cuanto me enteré del asunto”.

Extorsión a José Cuervo

Relacionadas con las acusaciones de extorsión, a finales del 2025 Rivera Navarro protagonizó una disputa legal con la tequilera José Cuervo, pues la empresa acusó al edil de Morena de realizar cobros excesivos del predial.

Acusaron que funcionarios del municipio clausuraron la destilería 1800 por no pagar una multa de 60 millones de pesos ante el supuesto incumplimiento en la renovación de licencias municipales.

Ante el escándalo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como el gobierno federal, intervinieron en el asunto y el 10 de diciembre detuvieron la clausura de la planta y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, ya en ese momento, Lemus dio a conocer que al menos otras 10 tequileras habían sufrido los mismos tratos por parte del gobierno municipal.

Pese al acuerdo, la tequilera presentó una denuncia en contra de Navarro. Al asunto se sumó la dirigenta de Morena, Erika Pérez García quien acusó que el gobernador de MC estaba protegiendo a los poderosos y violaba la autonomía del municipio.

Ahora, tras la detención de Rivera Navarro, el partido a nivel regional parece haber cambiado de idea: “En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la ley”.

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Violencia de género

Finalmente, el alcalde también fue acusado de ejercer violencia política en razón de género en contra de varias diputadas locales.

La acusación fue hecha por Alondra Romero Cordero (PRI), Luz Elena Aguirre Sandoval (Morena) y Evelyn Saraí Castañeda Chávez (Independiente) quienes afirmaron ser víctimas de prácticas sistemáticas por parte del edil.

Acusaron que se les restringió el acceso a espacios oficiales, les retuvieron salarios como medida de castigo, así como un incidente en noviembre donde policías municipales intentaron detenerlas sin fundamentos legales mientras eran grabadas.

El 23 de diciembre ofreció una disculpa, pero rechazó las acusaciones señalando que las acusaciones derivaban de desacuerdos políticos y destacó la sentencia de un Tribunal Electoral que declaró la inexistencia de la infracción.