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Documentos revelan que el Poder Judicial ejecutó una compra masiva de vehículos en una operación relámpago cerrada en los últimos 13 días de 2025

Mientras miles de trabajadores eran despedidos bajo la bandera de la “disciplina presupuestaria”, el Poder Judicial abrió la cartera para estrenar.
Documentos revelan que su Órgano de Administración Judicial ejecutó una compra masiva de vehículos por 268 millones 261 mil 996 pesos, en una operación relámpago cerrada en los últimos 13 días de 2025.
El contraste es devastador: una institución que aceleró un gasto millonario en autos de alto impacto mientras recortaba trayectorias de hasta 20 años de antigüedad.
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Los expedientes muestran una operación con precisión de reloj y ejecutada justo antes de que cerrara el ejercicio fiscal: 268 millones en 13 días.
En solo ocho días se amarró la compra y en trece se cerró el proceso. Todo mediante adjudicación directa, sin licitación pública.

El tamaño y el tipo de la flotilla comprada refuerzan el golpe de percepción. No fue una adquisición menor ni acotada a una sola marca.
La flotilla incluye tecnología de punta y camionetas de trabajo, dividida en tres grandes contratos:
1. El paquete híbrido: $69.9 mdp adjudicado a Evolución Motriz, S.A. de C.V., incluye 124 unidades:
2. El paquete Ejecutivo (Mazda) - $21.4 mdp adjudicado a Vehículos Japoneses Zapata, por 70 unidades:
3. El paquete Operativo (Nissan) - $176.8 MDP Adjudicado a Jidosha Internacional, el bloque más grande con 357 unidades:
Por otro lado, despidos presentan un acumulado que, como mínimo, coloca alrededor de 5,000 bajas en septiembre de 2025 y 400 adicionales en enero de 2026, lo que permite hablar de al menos 5,400 salidas en esos dos momentos.

El OAJ llamó a esos movimientos ajustes de plantilla o conclusión de nombramientos y los vincula con el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026, cuyo objetivo declarado es reducir el costo operativo mediante un ajuste del 10 por ciento en plantillas, reducción del costo anual de estructuras y cancelación de plazas para cumplir el presupuesto asignado.
Lo que provoca mayor indignación entre los afectados y el resto de los colaboradores del Poder Judicial de la Federación es que la mayoría de estos despidos han afectado a personal con antigüedad de hasta 20 años.
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La percepción que se instala es la de una austeridad aplicada hacia abajo y un gasto que se acelera hacia arriba, con un mensaje devastador para quienes sostuvieron durante años la operación cotidiana. La institución encontró margen y rapidez para adquirir autos, pero no para sostener empleos.