
Foto: Cuartoscuro
Extrabajadores señalan que Sady Loaiza operaba desvíos hacia cuentas personales con el presunto aval del exdirector de Materiales Educativos

De acuerdo con una investigación publicada por el diario El Universal, excolaboradores de la Dirección General de Materiales Educativos han denunciado una presunta red de corrupción que incluye la contratación de “aviadores” y el cobro de “moches” dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las acusaciones señalan que los beneficios económicos de estas prácticas eran gestionados por Sady Arturo Loaiza Escalona, subordinado cercano de Marx Arriaga, y depositados en cuentas bancarias de su pareja sentimental, Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez.
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Omar Guadarrama, quien se desempeñaba en la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, emitió una solicitud de intervención ante la Subsecretaría de Educación Básica para denunciar estos hechos y deslindarse de responsabilidades.
En su declaración, Guadarrama identifica a Karla Marlene Cornejo Mellado y Daniel Hernández como empleados fantasma que ingresaron a la dependencia por intermediación de Loaiza. El denunciante afirmó que siempre actuó bajo el conocimiento de la Dirección General, la cual presuntamente aprobaba estos procedimientos.

Según el testimonio de Guadarrama, el esquema de “moches” consistía en recolectar los salarios de meses no laborados por ciertos colaboradores para financiar viajes a escuelas multigrado y adquirir software. El denunciante sostuvo que Loaiza Escalona afirmaba que la solicitud de estos recursos era una acción conocida y aprobada por Marx Arriaga.
Relató que estas actividades se desarrollaron en un entorno de acoso laboral y reacciones violentas, las cuales ya cuentan con folios de investigación ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP.
En medio de estas revelaciones, la tarde de ayer martes 17 de febrero, Marx Arriaga desalojó oficialmente las instalaciones de la Dirección General de Materiales Educativos tras recibir su oficio de destitución.

Su salida se produjo después de permanecer atrincherado en su oficina durante cuatro días, periodo en el que se negó a abandonar el inmueble hasta que se cumpliera con la formalidad legal de su baja contractual.
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Al momento de su retiro, el exfuncionario aseguró que regresará a sus actividades como maestro y que no aceptó otras propuestas dentro del gobierno federal.