FGR va contra colaboradores de Javier Duarte por desvío de 5 millones

La audiencia en la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quedó sujeto a proceso por el presunto desvío de 5 millones de pesos no solo terminó con la prisión preventiva justificada que mantiene en suspenso su salida del Reclusorio Norte el 15 de abril.

En ese mismo juicio, según lo que se dijo en sala, se abrió una segunda ruta de impacto que ahora apunta a tres excolaboradores de su círculo en Finanzas y Planeación. Además, detonó una nueva disputa porque la defensa anunció que analiza llevar al juez Gustavo Aquiles Villaseñor ante el Tribunal de Disciplina Judicial, bajo el argumento de que le corrigió la plana a la FGR tras una imputación deficiente basada en la firma de un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

Van por tres excolaboradores

Al término de la sesión, el fiscal Julio Antonio Cobos Castillo, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, afirmó que emprenderán acciones legales contra tres exservidores públicos que laboraban bajo las órdenes de Duarte en el gobierno veracruzano y que presuntamente están involucrados en el desvío de recursos federales.

Sin mencionar nombres dijo que se trata de los mismos personajes mencionados durante la audiencia y adelantó que próximamente los llevarán ante un juez para formularles imputación y que se resuelva su situación jurídica.

A pregunta expresa de los reporteros, el fiscal rechazó que exista una decisión de no ejercer acción penal. Cuando se le planteó que la defensa había comentado que se había decidido no proceder, respondió que esa información es falsa y sostuvo que no hay ninguna determinación de no ejercicio de la acción penal en esa carpeta a favor de nadie.

Subrayó que Duarte es el primer procesado en esta causa, pero recalcó que existen más personas sujetas a investigación y que llegarán ante el estrado en breve.

Incluso, cuando se le preguntó si acatarían la orden del juez de investigar al resto de exfuncionarios, respondió que no se trata de algo que “necesiten acatar” porque, dijo, esa línea ya la tenían desde antes de la imputación en la audiencia.

Durante el desahogo de la audiencia los nombres de los funcionarios fueron mencionados. Se trata del ex secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, su ex subsecretario Gabriel Deantes Ramos y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de operación financiera, todos vinculados a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz.

Buscan llevar al juez ante Tribunal de Disciplina

En contraste, la defensa prepara una contraofensiva. Al término de la sesión, el abogado defensor, Pablo Campuzano de la Mora afirmó que analizarán presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, al acusar que el juez le corrigió la plana a la FGR después de que la imputación se sostuvo en la publicación del decreto en la Gaceta y, según su versión, el juzgador acabó por variar los hechos para sostener la vinculación.

El desahogo de la audiencia

La sesión en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se extendió por diez horas y media. Ahí, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor vinculó a proceso al ex gobernador de Veracruz por su probable responsabilidad en peculado por cinco millones de pesos y decretó prisión preventiva justificada, con lo que la liberación programada para el 15 de abril quedó en suspenso.

El juez sostuvo que existen datos de prueba que hacen presumir un “entramado” en el que Duarte daba órdenes a sus subalternos para distraer recursos federales para otros fines. En su resolución afirmó que ese entramado refleja reuniones con el entonces gobernador y que las instrucciones estuvieron vigentes hasta 2013. También señaló que la FGR aportó elementos que probablemente demuestran la distracción de recursos dirigidos a un fondo para personas vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

De los 39 datos de prueba ofrecidos por la fiscalía, el juez solo dejó fuera una entrevista que el Ministerio Público practicó al testigo protegido Antonio Tarek Abdalá el 16 de febrero, al considerar que debía realizarla la defensa.

En contraste, dio por válida una entrevista previa del 31 de agosto de 2018 del mismo ex tesorero, en la que afirmó que existía la instrucción de “barrer los recursos” federales para utilizarlos en pago de empleados estatales, seguridad pública, maestros y jubilados, además de proveedores.

Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Duarte, pidió no dar validez a sus dichos al sostener que Tarek Abdalá “es el directo responsable del desvío que la fiscalía acusa” y que fue quien “apretó el botón para que los recursos se fueran de una cuenta a otra”.

En esa misma línea, Campuzano afirmó que la intención del proceso es política y no jurídica. En refuerzo la abogada Ximena Contreras, que es parte del equipo de defensa, cuestionó que las manifestaciones del testigo protegido no señalan hechos específicos y sostuvo que, al momento de los hechos, él no era tesorero sino estaba adscrito al Sistema de Desarrollo Infantil, por lo que preguntó cómo habría recibido la instrucción sobre la distracción de recursos.

La defensa también buscó golpear el eje jurídico de la imputación. El litigante Gerardo Hope Arteaga sostuvo que el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2011 no ordena hacer uso de recursos federales etiquetados como lo planteó la fiscalía y afirmó que ese decreto solo refiere aportaciones federales de libre disposición, mediante el cual se priorizó el cumplimiento de obligaciones gubernamentales.

El proceso está enmarcado en una mecánica financiera que la FGR describió con un antecedente específico, el decreto 411 publicado el 19 de diciembre de 2011 en la Gaceta Oficial del Estado. Según la fiscalía, ese acto instruyó al entonces titular de Sefiplan, Tomás Ruiz, a determinar pasivos contingentes y priorizar recursos de libre aplicación a rubros como educación, salud, seguridad pública y pago de nómina.

En esa ruta, entre el 2 de julio y el 4 de octubre de 2012, una aportación de 10 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud pasó por tres cuentas bancarias y solo 5 millones llegaron a una cuenta a nombre de Servicios de Salud de Veracruz, responsable de ejecutar el gasto en dos casas hogar.

El dinero estaba destinado a la Casa Hogar del Adulto Mayor Mariana Sáyago de Xalapa y la Casa Hogar del Niño Manuel Gutiérrez Zamora en Boca del Río, pero el gobierno solo aplicó la mitad para esos proyectos y del resto se desconoce su destino. La FGR sostiene que el desvío se consumó cuando la cuenta que traspasó los recursos devolvió 5 millones a una cuenta concentradora del gobierno conocida como “licuadora” por mezclar recursos de distintas partidas.

Con la vinculación firme, el juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, etapa que vence el 17 de agosto y en la que fiscalía y defensa podrán reunir y perfilar datos de prueba rumbo a un eventual juicio.