Es la cuarta y no será

A trompicones y con varios aplazamientos a la fecha original prometida, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes los lineamientos generales de lo que será la Reforma Electoral que entregará al Congreso para ser procesada.

Poco queda de lo originalmente planteado en el llamado “Plan A” de López Obrador de abril de 2022 en el que, según él, recogiendo los sentimientos “del pueblo”, se proponía: Desaparecer al INE y sustituirlo con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eliminaron institutos y tribunales electorales locales, acabar con el financiamiento público a los partidos y eliminar por completo los diputados plurinominales, para dejar la cámara baja con sólo 300, así como los senadores de representación proporcional y dejar únicamente 96 escaños.

En este “Plan D”, cuarto intento o reforma Sheinbaum, el INE se mantiene, aunque se le quiere recortar el gasto a niveles mínimos que ponen en peligro su operación y eficiencia; el financiamiento público a partidos también continuaría aunque con recortes; los 200 diputados “no-uninominales” permanecerían, pero la forma de seleccionarlos es lo que cambiaría (con absurdos como que algunos harían campaña en distritos electorales y otros en circunscripciones que abarcan varios estados) y se incluyeron temas como la Inteligencia Artificial y el uso de bots en redes sociales para influir en los resultados.

El pecado de origen de este nuevo intento de la 4T para conseguir una reforma electoral es haberla diseñado y empujado desde el poder, con disposiciones y medidas que terminarían perjudicando a sus aliados políticos del Verde y el Partido del Trabajo que ven su desaparición y subordinación a Morena de concretarse la reforma. Y sin sus votos completos simplemente no hay mayoría calificada para aprobarla.

Todas las reformas electorales en el país, desde la de 1977 en la que se creó la figura de la representación proporcional, se han realizado para atender las inconformidades de las fuerzas políticas minoritarias y garantizar, además de su representación, una verdadera oportunidad de acceder al poder e incidir en las decisiones. Así sucedió con la del 2007 y también con la del 2014 en las que se atendieron las quejas del entonces candidato perdedor, en ambas ocasiones López Obrador, y de los partidos que lo postularon.

Las pasadas reformas trajeron avances como la prohibición de campañas negativas, el acceso a medios de comunicación, la prohibición de las afiliaciones corporativas, mayor fiscalización a partidos políticos, la aplicación de la paridad de género o la creación de un INE completamente ciudadano. Nada de ese tamaño se vislumbra en la reforma actual.

Por el contrario, muchas verdaderas preocupaciones ciudadanas no están contempladas en este nuevo proyecto, retos que quedaron de manifiesto en los últimos procesos electorales. Nada hay sobre cómo evitar el financiamiento e involucramiento del crimen organizado en la selección e intimidación de candidatos o su dinero dentro de las campañas. Nada sobre la violencia en temporada de elecciones (63 actores políticos y 37 candidatos fueron asesinados en las elecciones de 2024, según Causa en Común y Laboratorio Electoral). Nada sobre el desastre en que se convirtió la elección judicial, la selección de los contendientes y el uso grosero de acordeones, a la vista de todos, excepto de la autoridad electoral que nunca investigó el origen, producción y distribución de la trampa hecha en offset a cuatro colores.

¿Se requiere una reforma electoral? La respuesta es: Sin duda. Hay muchos pendientes, la situación económica, política, de seguridad e incluso tecnológica del país lo exige, pero el camino que escogieron parece obedecer más al capricho que a resolver los problemas con la participación de todos, ciudadanos, opositores, académicos, medios de comunicación y expertos.

Tal vez haya una quinta oportunidad para presentar una reforma electoral en este sexenio, pero todo parece indicar que la cuarta no será.