
Foto: FB José Luis Sánchez González
La iniciativa petista busca aplicar tasas progresivas de hasta 3.5% para alimentar un nuevo Fondo de Justicia Social.

El diputado del PT, José Luis Sánchez González, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objetivo de crear el “impuesto a las grandes riquezas”.
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La propuesta legislativa establece un gravamen anual dirigido exclusivamente a personas físicas cuyo patrimonio neto supere los 100 millones de pesos, bajo el argumento de combatir la desigualdad extrema y fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado.
De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria este martes 3 de marzo de 2026, la medida impactaría a menos del 0.1% de la población y podría generar una recaudación anual estimada de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos.
La iniciativa detalla que el impuesto se aplicará sobre el patrimonio neto, definido como la suma de todos los activos del contribuyente menos sus deudas.
El cálculo integrará desde bienes inmuebles, vehículos y depósitos bancarios, hasta objetos de alto valor como obras de arte y joyas.
La iniciativa propone tres niveles de tasas anuales:
Respecto al destino de los recursos, la iniciativa plantea que lo recaudado se asigne íntegramente a un nuevo Fondo para la Justicia Social.
Este mecanismo financiero estaría diseñado para financiar programas de reducción de la pobreza, atención a grupos vulnerables, cuidado del medio ambiente y el acceso a vivienda digna, educación y salud, siguiendo las directrices de inversión social de la actual administración.
“La recaudación de esta contribución se destinará íntegramente para la creación del Fondo para la Justicia Social, respetando que la distribución sirva para la reducción de la pobreza y la atención de los grupos vulnerables; el cuidado del medio ambiente; garantizar la educación inicial, básica, media superior y superior; el desarrollo de ciencia y tecnología, así como el acceso a una vivienda digna y ciudades justas”, se lee.
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Finalmente, la iniciativa petista contempla medidas estrictas para evitar la evasión fiscal. El proyecto propone que el incumplimiento de este nuevo gravamen sea castigado con multas equivalentes al doble del impuesto omitido.
Asimismo, se establece que los infractores enfrentarán responsabilidad penal en los términos que marca el Código Fiscal de la Federación, otorgando un plazo de 180 días a las autoridades hacendarias para actualizar la normativa tras su posible aprobación.
“Ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo, se considerarán como sanciones agravadas que serán acreedoras a multas equivalentes al doble de la contribución no realizada y la responsabilidad penal aplicable en los términos del Código Fiscal de la Federación”, se lee.
