
Foto: Redes sociales
La gestión de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se encuentra bajo escrutinio público

La administración municipal de León, Guanajuato, enfrenta un nuevo episodio de cuestionamientos públicos que combinan posibles conflictos de interés en la asignación de contratos y liquidaciones millonarias.
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En conjunto, los hechos han intensificado el escrutinio sobre el manejo de recursos y la toma de decisiones en el gobierno encabezado por Alejandra Gutiérrez.
En 2022, el Ayuntamiento de León otorgó el contrato SE-200022 a la empresa SYNAMICA, S.A. de C.V., por un monto de 1 millón 650 mil pesos. El servicio consistió en el diseño de campañas y estrategias de comunicación social para programas y eventos municipales, bajo la Dirección General de Comunicación Social.
La empresa pertenece a Rodrigo Duarte Hernández, quien figura como socio fundador de Comercializadora de Alimentos GoFoods S.A. de C.V., constituida en 2014 junto con la alcaldesa y su entonces esposo, Héctor Eduardo Ramírez Valdez.
La coincidencia temporal —el contrato fue otorgado apenas iniciado el gobierno municipal— reavivó dudas sobre la imparcialidad en la contratación pública y la eventual existencia de un conflicto de intereses.
De acuerdo con documentos constitutivos de diversas empresas, la participación societaria en la empresa GoFoods no habría sido consignada en declaraciones patrimoniales y de intereses de la Presidenta Municipal de León, lo que, de confirmarse, habría impedido advertir formalmente el posible conflicto antes de la asignación contractual.
Este señalamiento se suma a antecedentes recientes, como la asignación de contratos a un arquitecto vinculado con la construcción de una propiedad de la alcaldesa y reportajes periodísticos que han cuestionado la influencia de Héctor Eduardo Ramírez Valdez dentro del gabinete municipal.
El Gobierno municipal cerró 2025 con el mayor gasto en liquidaciones laborales del que se tenga registro reciente: aproximadamente 222 millones de pesos destinados a despidos y separaciones laborales.
Durante ese año fueron separados de sus cargos 446 trabajadores, incluidos 16 directores y más de 50 mandos medios, evidenciando una reconfiguración profunda de la estructura administrativa.
Las áreas con mayor afectación presupuestal fueron las vinculadas a seguridad pública:
• Más de 112 millones de pesos por liquidaciones en corporaciones policiales.
• 44 millones adicionales en Policía Vial.
Dependencias como Fiscalización, Protección Civil, Comercio y el Centro de Emergencias también registraron un número significativo de bajas.

La combinación de contratos cuestionados, posibles omisiones patrimoniales y un gasto histórico en despidos coloca a la administración municipal ante un escenario de escrutinio político y financiero.