Foto: Tomada de X
Juez federal ordena a la Sedena entregar archivos de inteligencia del caso Ayotzinapa
La justicia federal obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a revelar reportes de inteligencia de 2014 que no han sido integrados al expediente.
Salvador Maceda
Publicada: mar 04 a las 10:40, 2026
Un juez federal dictó una resolución histórica en el caso Ayotzinapa: ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares.
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De acuerdo con un comunicado del Centro ProDH, en sentencia de amparo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México estimó una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y señaló que debe facilitarse el acceso a ese material para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
Información en poder de autoridades militares
La sentencia también establece que la falta de continuidad en los documentos no acredita su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información está en poder de autoridades militares y debe ser entregada.
La resolución deriva de la demanda de amparo presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014.
En ese recurso también señalaron que ese incumplimiento contravenía el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias atribuyeron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a diversas instancias de su estructura de inteligencia el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Antecedentes y relevancia del material documental
Ese informe documentó que el GIEI tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas con el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, pero los folios entregados estaban incompletos.
La sentencia de amparo también retoma que esa documentación faltante resulta relevante para entender el contexto criminal de Iguala y para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Añade que, ante la falta de entrega de esa información, las familias acudieron a la justicia federal en medio de la parálisis de la COVAJ y del estancamiento de la indagatoria.
El fallo reconoce el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad sobre el caso y, en consecuencia, la obligación de la Sedena de entregar toda la información relacionada.
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Medidas cautelares contra la destrucción de evidencia
Establece que esos datos no pueden clasificarse como confidenciales o secretos, dado el interés preponderante que existe en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
El boletín señala que, dentro de este mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información vinculada con el caso.
A más de 11 años de los hechos, las familias continúan impulsando acciones legales ante los obstáculos que persisten en la investigación y ante la negativa de entregar de forma completa e inmediata la información faltante, que podría contribuir a conocer el paradero de los estudiantes.
