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Sergio Sarmiento analiza las implicaciones de la iniciativa de reforma electoral que se votará en el Congreso sin apoyo de su aliados

Por primera vez la presidenta Sheinbaum decidió presentar una iniciativa de ley que no tiene asegurada la aprobación en el Congreso. Ha decidido que eso no importa.
Ayer en su mañanera descartó hacer un nuevo intento por convencer a sus partidos satélite, el Verde y el PT. “Que cada quien decida. Yo cumplo con enviar la propuesta y con responder a lo que la gente está planteando”.
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La mandataria insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, que ofreció la iniciativa porque es lo que quiere el pueblo.
Mostró una vez más una encuesta que señala que más del 80 por ciento quiere una reforma en que los diputados de representación proporcional sean electos “directamente” por los ciudadanos (como si no lo fueran hoy), que reduzca los recursos públicos de partidos e instituciones electorales y que reduzca los sueldos de los funcionarios electorales, entre otras propuestas.
La encuesta puede ser cierta, pero las preguntas están hechas para obtener esa aprobación exagerada. Sin embargo, otras encuestas han señalado que las principales inquietudes de los mexicanos tienen que ver con la violencia y el crimen, la carestía, la falta de empleo y la corrupción. Casi ningún mexicano contesta que la prioridad para el país es reformar el sistema electoral, mucho menos regresar a los tiempos de un partido hegemónico, como el PRI de los setenta.
Quizá Sheinbaum insistió en presentar esta reforma electoral, para la que nunca se molestó en obtener el respaldo ya no de los partidos de oposición sino siquiera de sus aliados, porque viene de su mentor y predecesor Andrés Manuel López Obrador.
El tabasqueño siempre ha querido regresar al sistema del PRI hegemónico en el que creció en los años setenta.
Su rechazo a los legisladores plurinominales, que dan representación a los partidos minoritarios, y que fueron los que permitieron por primera vez presencia parlamentaria a los partidos de izquierda, es muy conocida.
López Obrador trató de impulsar una reforma electoral regresiva en 2022, pero fue rechazada en el Congreso. Optó por hacer modificaciones a leyes secundarias, que fueron desechadas por la Suprema Corte.
Ahora la presidenta ha anunciado que, si se rechaza la iniciativa, acudirá también a un plan B, seguramente con enmiendas en leyes secundarias.
La diferencia es que esta ocasión la 4T ya controla la Suprema Corte. Estos ministros no le saldrán a la mandataria con el cuento de que la ley es la ley.