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¿Más censura? Exigen sancionar a medios por caso de la exabogada del ‘Chapo’

Meza denunció que la jueza Silvia Rocío Delgado García solicitó al TEPJF medidas contra nueve empresas de comunicación

Hombre y mujer

Foto: Tomadas de Redes Sociales

Víctor Maldonado

Víctor Maldonado

Publicada: mar 12 a las 14:06, 2026

Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., denunció que Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionar a nueve medios de comunicación nacionales e internacionales.

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Entre las empresas señaladas se encuentran Proceso, Milenio, El Financiero, MSN, Publimetro, Sinaloa Hoy, La Paradoja, Binoticias y Omnia.

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El activista señaló que su equipo legal ya prepara la impugnación correspondiente y convocó a los medios afectados a unir fuerzas para defender la libertad de expresión.

Según el reporte de Meza, estas acciones legales buscan impedir que se discutan los presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

Por su parte, la documentación de la Defensoría Pública indica que la quejosa sostiene que las notas publicadas se encuentran direccionadas a su persona, utilizando su imagen y reduciendo su trayectoria profesional a un solo caso específico.

Antecedentes: Sanciones del TEPJF contra Miguel Meza

Previamente, el TEPJF ordenó diversas sanciones contra Miguel Alfonso Meza por haber alertado públicamente que la jueza Silvia Rocío Delgado García fue abogada del líder del Cártel de Sinaloa.

Miguel Alfonso Meza - Silvia Rocío Delgado Garcí

Foto: Twitter (X) / FB: Silvia Rocio Delgado Garcia

Las medidas impuestas por el órgano jurisdiccional incluyen la inscripción del activista en el padrón de violentadores, la exigencia de emitir una disculpa pública y la eliminación de sus publicaciones relacionadas con la juzgadora.

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Meza manifestó durante una entrevista que no cumplirá con dichas sanciones, rechazando borrar la información o pedir disculpas, al considerar que su labor expone la denominada “narcopolítica”.

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El activista sostiene que el perfil de la funcionaria representa un riesgo para la impartición de justicia en el norte del país, dado que le corresponderá juzgar casos relacionados con el crimen organizado.