Foto: Senado de la República
Senado aprueba reforma para poner fin a las ‘pensiones doradas’
Las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones de la presidenta, avaló el Senado en votación
Orly Mazabel
Publicada: mar 11 a las 19:17, 2026
- Últ. Actualización: mar 11 a las 19:18, 2026
El Senado aprobó que los funcionarios de organismos descentralizados y empresas públicas no podrán recibir una pensión que exceda la mitad de la remuneración establecida para el Ejecutivo Federal.
El sueldo de Sheinbaum asciende a 191 mil pesos mensuales brutos, de los cuáles recibe 133 mil pesos tras las deducciones de impuestos.
La asamblea avaló este proyecto en lo general por unanimidad, con 116 votos a favor; en lo particular, el proyecto recibió 109 votos a favor y seis abstenciones, por lo que la Mesa Directiva instruyó su turno a la Cámara de Diputados.
Los legisladores estiman que la aplicación de la reforma permitiría generar un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos al año para el Estado mexicano.
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Límite de recursos públicos en pensiones a estas dependencias
La iniciativa establece que el nuevo límite económico aplicaría a pensiones financiadas con recursos públicos provenientes de entidades como:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Nacional Financiera
- Banco de México
- Fideicomisos y otros organismos públicos
- Instituciones de la banca de desarrollo
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Las entidades exentas de recorte a pensiones
El recorte a la reforma de pensiones no aplica para pensiones de las Fuerzas Armadas, jubilaciones que se conforman a partir de aportaciones voluntarias, o sistemas de ahorro basados en cuentas individuales, o las constituidas a partir de aportaciones sindicales.
La disposición indica que todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que actualmente se encuentren vigentes, al tratarse de recursos públicos.
De esta forma los entes públicos referidos deberán revisar y adecuar los contratos, las disposiciones, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a lo previsto en la reforma.
En el dictamen, los legisladores señalaron que estos esquemas de jubilación anteriores generaron compromisos presupuestarios que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, si no se corrigen.
La oposición está a favor pero con reservas
El senador del PAN, José Máximo García López, pidió que también se cambie la referencia de las nuevas pensiones por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con el salario de la presidenta.
“El primero, uno de técnica legislativa, ya que la reforma establece que ninguna pensión podrá exceder la mitad del salario de la presidenta. Pero puede sonar razonable, pero, desde el punto de vista jurídico, no es la mejor forma de establecer este límite constitucional. ¿Por qué?”.
“Porque el salario presidencial no es una referencia técnica estable, se fija cada año a razón del Presupuesto de Egresos y puede modificarse con decisiones políticas o presupuestales… por ello, si el objetivo es fijar el límite cercano a los 70 mil pesos mensuales, lo correcto sería establecerlo en UMAs y no en función del salario presidencial”, explicó.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, aseguró que apoyarían la reforma al artículo 127 constitucional, siempre y cuando la aplicación con efectos retroactivos en materia de pensiones no vulnere los derechos laborales protegidos por la Constitución.
“El Constituyente fijó como un principio básico del derecho la no retroactividad de la ley cuando cause perjuicios a las personas, es decir, cuando el gobierno quisiera cambiar las condiciones de un contrato, como en este caso las pensiones”, advirtió.
Moderación de la riqueza en el Gobierno Federal
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que la modificación al 127 constitucional es “eco” de uno de los documentos históricos más importantes del país: Los Sentimientos de la Nación, donde José María Morelos y Pavón pidió que se modere la opulencia.
“Estamos construyendo un Estado constitucional de bienestar y este proyecto político supone invariablemente que la función del Estado es garantizar por igual los derechos de todas y de todos los mexicanos. Los únicos privilegios que pueden subsistir a una república son aquellos que tienen que ver con las virtudes cívicas”, destacó.
