
Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con una investigación publicada por el medio FrojiMX, el nuevo auditor general triplicó su patrimonio en tiempo récord.

La credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arranca con una pesada sombra de sospecha.
Aureliano Hernández Palacios Cardel, el nuevo titular del máximo órgano fiscalizador del país, está siendo señalado por supuesto conflicto de interés y enriquecimiento acelerado durante sus años como funcionario público.
De acuerdo con una investigación publicada por el medio FrojiMX, el nuevo auditor general no solo habría aprovechado su posición para beneficiar a una empresa familiar con recursos públicos, sino que también triplicó su patrimonio personal en un tiempo récord.
En 2015, Hernández Palacios y su padre fundaron la empresa Inteligencia Institucional, la cual recibió contratos públicos por parte del gobierno del Estado de México, cuando Alfredo del Mazo era gobernador.

Según el reportaje, el primer contrato fue por un millón 680 mil pesos y se otorgó en 2018. El segundo contrato fue asignado en diciembre de ese mismo año por un monto de 496 mil 398 pesos.
En total, la empresa familiar de Hernández Palacios recibió: 2 millones 176 mil 398 pesos.

Lo grave es que uno de los contratos se le otorgó exactamente en el periodo en que él ya laboraba dentro de la ASF y era el encargado directo de auditar los recursos de las entidades y municipios. Es decir, fungía como auditor implacable del gobierno y, al mismo tiempo, como su contratista.

Los números de sus declaraciones patrimoniales también han encendido las alarmas:
Hoy en día, sumando joyas y obras de arte, su patrimonio declarado supera los 10 millones de pesos.
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Finalmente, el reportaje destaca las omisiones sistemáticas en su labor fiscalizadora. Hernández Palacios ha sido acusado de complacencia frente a posibles actos de corrupción.
En casos donde la evidencia exigía emitir una observación por “probable daño al erario público” (lo que obliga a devolver el dinero o enfrentar consecuencias penales), la ASF, bajo su influencia, simplemente emitía “solicitudes de aclaración”, un trámite burocrático menor que permitía a los gobiernos evadir castigos severos.