¿Quién es Jaime Bonilla, el exgobernador vinculado a proceso por el caso Next Energy?

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California emanado de Morena, fue vinculado a proceso por el caso Next Energy.

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Los cargos que enfrenta incluyen peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, derivados del fallido proyecto de la planta fotovoltaica.

La decisión, tomada por el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, coloca al exmandatario estatal en el centro de una tormenta judicial que pone en entredicho su futuro político.

De empresario a político: ¿Quién es Jaime Bonilla?

Jaime Bonilla Valdez no es un político convencional. Antes de incursionar de lleno en la administración pública, consolidó un imperio de medios de comunicación en la frontera con su empresa Primer Sistema de Noticias (PSN).

Su cercanía personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador lo catapultó rápidamente dentro de la estructura de la llamada Cuarta Transformación.

Fue diputado federal, dirigente estatal de Morena y senador antes de ganar la gubernatura en 2019.

Su mandato estuvo marcado por la polémica, cuando intentó reformar la constitución local para extender su periodo de dos a cinco años.

Finalmente, la llamada “Ley Bonilla” fue frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras dejar el cargo en 2021, su relación con la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila se fracturó, lo que culminó con su expulsión de Morena y su ingreso al PT, donde es el líder a nivel estatal.

El caso Next Energy

La vinculación a proceso responde a la contratación de la empresa Next Energy para construir una planta de energía solar en el Valle de Mexicali.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el proyecto fue una simulación que comprometía las finanzas públicas por las próximas tres décadas.

“Se le acusa de haber gestionado y ordenado un contrato plurianual que carecía de permisos federales y que pretendía desviar recursos del estado bajo el concepto de deuda pública”, señala el expediente judicial.

El daño estimado es alarmante: el contrato original ascendía a 37 mil millones de pesos a pagarse en 30 años. Aunque la obra nunca se realizó, el estado ya había sufrido la retención de participaciones federales por más de 123 millones de pesos debido a las cláusulas de pago establecidas por la administración de Bonilla.

Con esta resolución judicial, Bonilla Valdez enfrenta un periodo de seis meses para la investigación complementaria.

Aunque por ahora no se le ha dictado prisión preventiva, el exmandatario ya arrastra una inhabilitación administrativa por tres años dictada a finales de 2025, lo que prácticamente anula sus aspiraciones de contender por la alcaldía de Tijuana en los próximos procesos electorales.

El exgobernador calificó el proceso como una “persecución política”, asegurando que las pruebas en su contra son “vagas”.