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Un exfuncionario del gobernador de Michoacán. Alfredo Ramírez Bedolla, recibió 2 millones de pesos para que el narco opere en las cárceles de la entidad.

Una investigación difundida por el activista Miguel Meza señala a Ignacio Mendoza, exfuncionario del sistema penitenciario de Michoacán, de haber entregado el control de las cárceles estatales al grupo criminal Cárteles Unidos.
De acuerdo con el reporte, este mismo grupo presuntamente habría tenido participación en el proceso electoral que llevó a Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura del estado, según una sentencia previa del Tribunal Electoral.
La indagatoria incluye un audio en el que presuntamente Mendoza conversa con un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la grabación, el interlocutor le ofrecería dos millones de pesos a cambio de permitir que dicha organización criminal también opere dentro de los centros penitenciarios de Michoacán.
Con esta revelación, Mendoza es el séptimo michoacano en entrar a la lista de Narcopolíticos, iniciativa ciudadana que lidera Miguel Meza, la cual tiene el objetivo de dar a conocer los nexos de políticos con el crimen organizado.
Mendoza ya había sido detenido en 2009 durante el operativo conocido como “Michoacanazo”, acusado de proteger a La Familia Michoacana. Sin embargo fue liberado y más tarde retomó actividad en la esfera pública como asesor durante la administración del exgobernador Leonel Godoy.
En 2021, el actual gobernador Ramírez Bedolla lo nombró coordinador del sistema penitenciario estatal. Según la investigación, desde esa posición, Mendoza habría facilitado el control de las prisiones a Cárteles Unidos, situación que posteriormente fue cuestionada por integrantes de otros grupos criminales, entre ellos un exjefe de plaza identificado como “El Barbas”, quien presuntamente fue asesinado en 2025.
El exfuncionario dejó su cargo luego de que el activista Carlos Escobedo denunciara públicamente presuntos actos de tortura cometidos contra él y su familia.
Organizaciones y activistas que investigan la relación entre crimen organizado y política en la entidad han señalado que continuarán presionando para que las autoridades investiguen los hechos y determinen posibles responsabilidades.