Poder Judicial debe indemnizaciones a jueces y magistrados, pero gastó 268 mdp en vehículos

Seis meses después de que la reforma judicial prometió en la Constitución un pago indemnizatorio, prestaciones y pensiones complementarias para jueces y magistrados que se retiraran voluntariamente o no resultaran electos, el Poder Judicial sigue arrastrando adeudos que alcanzan al menos a 120 personas juzgadoras en todo el país, mientras el Órgano de Administración Judicial sí tuvo margen para acelerar al cierre de 2025 una compra de vehículos por 268 millones 261 mil 996 pesos.

El rezago golpea a perfiles con 20, 30 y hasta 40 años de servicio, en un escenario agravado por otra restricción ya vigente, durante dos años no pueden litigar en su zona.

Aún cuando el Órgano de Administración Judicial seguía sin cumplir por completo con ese mandato constitucional y pedía a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para cubrirlo, ejecutó en fast track una compra masiva de 551 vehículos por 268 millones 261 mil 996 pesos, cerrada en los últimos 13 días del año y mediante adjudicación directa. Para la deuda con juzgadores hubo largas, gestiones inconclusas y expedientes “en revisión”. Para los autos sí hubo disponibilidad, autorización, contratos y fecha límite de entrega.

El mandato que quedó escrito y no se ha cumplido

El Décimo Transitorio de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 estableció que las magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito que concluyeran su encargo por haber declinado su candidatura o por no resultar electos serían acreedores a tres meses de salario integrado, veinte días de salario por cada año de servicio prestado y las demás prestaciones a que tuvieran derecho, con cargo a recursos federales.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación retomó esa obligación en su Vigésimo Transitorio y la desarrolló para quienes concluyeran su encargo por no participar en la elección respectiva o por no resultar electos para el cargo que ocupaban o para uno diverso, con la precisión de que el beneficio no aplicaría para quienes sí resultaran electos.

La directora nacional de JUFED -Asociación de Jueces y Magistrado- Julia García, sostuvo que el incumplimiento persiste en dos frentes al mismo tiempo.

“Por un lado, el pago extraordinario a que alude el décimo transitorio, es decir, tres meses de salario integrado con veinte días de salario integrado también por cada año de servicio prestado. Estamos hablando de personas juzgadoras con trayectorias de al menos 20, 30, 40 años de servicio al Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, la propia Constitución también reconoce el derecho a las pensiones complementarias. Y en ambos escenarios sigue habiendo compañeros y compañeras que no han recibido ningún emolumento por ese concepto. Hay personas que incluso están en ambos supuestos, ni pago extraordinario ni pensión complementaria”, explicó.

La magistrada agregó que JUFED ya tiene “listas identificadas donde en cada supuesto hay más de 100 personas juzgadoras” y que, aunque sí se han efectuado algunos pagos, el órgano administrativo no ha explicado “cómo cuantificó esos pagos”, ni qué rubros incluyó como parte del salario integrado.

Pagos sin criterio claro y con expedientes congelados

La propia directora de JUFED admitió que no hay una cifra total cerrada de la deuda, porque cada caso depende de la antigüedad de la persona juzgadora. Pero subrayó que el problema no es menor y que el propio órgano pidió una ampliación presupuestal para cumplir con esa obligación.

“No tenemos una cantidad exacta. Sí tenemos noticia de que precisamente se pidió esta ampliación presupuestal. Y lo que nos sorprende y lo que también ponemos ya sobre la mesa es que todo mundo supimos que se compraron vehículos, que el propio órgano de administración compró una flotilla completa de vehículos y fueron cientos de millones de pesos que se dedicaron a eso, y respecto de nuestros pagos siguen estando inconclusos en cuanto a la totalidad de las personas que tienen derecho a ello”.

El señalamiento central de JUFED apunta a la falta de explicación oficial. “Aquí lo que nos gustaría saber es qué pensaba el órgano, con qué elementos prefirió comprar vehículos que pagarle a las juzgadoras. Se supone que esa ampliación presupuestal iba dirigida justamente a hacer frente a esta obligación. Pero después de más de seis meses de que ya salieron las personas juzgadoras, sigue habiendo quienes no han recibido un solo pago”.

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La crítica no se queda sólo en el retraso. También cuestiona el argumento administrativo que se les ha dado. “El pretexto es que están analizando los expedientes a ver si no les falta algo. Nosotros decimos que razonablemente ya seis meses pudieron haber sido suficientes. Son más de 100 personas en uno y otro supuesto. Ni modo que no tengan la capacidad de sacar 20 expedientes al mes cuando los tribunales resuelven cientos de asuntos en un mes”.

La asociación también ha reclamado que, si realmente existe documentación pendiente, el órgano tendría que decirlo de manera individual y precisa. Hasta ahora, la queja es que no hay un criterio conocido para definir a quién se paga, cuánto se paga y por qué otras personas siguen sin recibir un solo peso.

La compra que sí caminó en fast track

Mientras esas indemnizaciones y pensiones seguían atoradas, el Órgano de Administración Judicial cerró una compra relámpago de vehículos por 268 millones 261 mil 996 pesos en los últimos 13 días de 2025. Los expedientes muestran una ruta cerrada a toda velocidad. El 18 de diciembre se emitió el oficio de disponibilidad presupuestal. El 23 de diciembre la compra fue autorizada en sesión extraordinaria. El 26 se firmaron los contratos. El 31 quedó como fecha límite estricta de entrega.

La operación se concretó mediante adjudicación directa y abarcó tres grandes contratos. El primero, por 69 millones 963 mil 700 pesos, fue adjudicado a Evolución Motriz e incluyó 124 unidades, entre ellas 25 pickups híbridas enchufables Shark GL, 75 sedanes híbridos King y 24 eléctricos Dolphin Mini Plus, además de cargadores de pared de 220 volts. El segundo, por 21 millones 432 mil 999 pesos con 95 centavos, fue adjudicado a Vehículos Zapata y comprendió 70 unidades Mazda, 55 Mazda 2 Sedán Sport y 15 unidades básicas automáticas. El tercer bloque, el mayor, fue adjudicado a Jidosha Internacional por 176 millones 865 mil 296 pesos con 96 centavos e incluyó 357 unidades Nissan, entre ellas 199 sedanes Versa Sense, 128 pickups Frontier y 30 camionetas Urvan de carga y pasajeros.

En total, la flotilla sumó 551 vehículos. De acuerdo con la documentación de la compra, las camionetas y unidades de trabajo serían destinadas a tareas operativas y a Servicios Generales del Poder Judicial, mientras que los sedanes serían asignados a personal que ya tenía auto oficial y a otros perfiles a los que se les entregaría uno por primera vez. En el bloque de unidades eléctricas, la asignación se concentró en puestos directivos.

El gasto no fue aislado. A ello se sumó la compra de camionetas Cherokee blindadas de alta gama para los nueve ministros de la Suprema Corte, con un valor de 2.4 millones de pesos por unidad ya con blindaje, que después del escándalo fueron reencauzadas bajo la explicación de que se destinarían a jueces y magistrados que requirieran protección especial.

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No había para saldar derechos, sí para estrenar flotilla

La comparación con ese gasto fue directa en la voz de la magistrada Julia García. “A nosotros como titulares nunca se nos dio vehículos. No entendemos para quién van a ser esos vehículos. Sabíamos que el entonces Consejo de la Judicatura Federal tenía algunos vehículos, pero eran los asignados, por ejemplo, a las y los consejeros de la Judicatura. No es que a todo mundo le dieran vehículos. Desconocemos para quiénes van a ser esos vehículos porque son los del órgano más las camionetas de la Suprema Corte, que también fue un gasto tremendo. Entonces, razonablemente con esa compra hubieran podido pagar muchas indemnizaciones”.

“Si no a todos, sí a un muy buen número. Aquí habría que ver cuáles son las prioridades del órgano en cuanto al destino de los recursos públicos. Por encima de los vehículos que pudieran alegar que son un tema operativo, acá está el cumplimiento claro al texto constitucional y a un derecho humano, porque una de las grandes ofertas que hizo el oficialismo en relación con la reforma es que no iba a afectar en lo absoluto derechos laborales. Y seguimos viendo cómo muchas personas no han recibido un solo peso sin justificación”.

La propia JUFED reforzó esa crítica en un comunicado. Ahí sostuvo que “este costoso experimento ha implicado un gasto millonario que debería enfocarse a atender las necesidades de la justicia, esto es, en lo que corresponde al Poder Judicial Federal, a abrir más juzgados, reducir el rezago, fortalecer las defensorías públicas y la atención a víctimas”.

Restricción de dos años y trato indigno

Para quienes siguen esperando el pago, el problema no es únicamente presupuestal. También hay una afectación práctica inmediata. “Aquí algo que también hay que tener en mente es que hay una restricción constitucional de dos años para que podamos litigar en el lugar de nuestra transcripción. Entonces eso pone en una situación muy desventajosa y de mucho riesgo a las personas que están en esos escenarios”, dijo la magistrada.

A esa limitación se suma el modo en que, según JUFED, se ha tratado a quienes acuden a gestionar su caso. La organización sostiene que no hay una vía clara, que las llamadas no se responden y que incluso se obliga a personas de otros estados a viajar a la capital sin garantía de atención.

“Lejos de atender nuestras peticiones, el órgano de administración nos ha dado largas, nos ha pedido que hagamos gestiones vía telefónica, nadie nos contesta, no hay quien nos dé respuestas certeras. Hacen venir a la gente de todos los lugares de la República. Hay gente de Tijuana, de Mexicali, de Mérida, que tiene que venir a la Ciudad de México porque pidieron que cada quien hiciera una gestión individual. Hay gente a la que tienen todo el día esperando a ver quién la recibe y a veces ni siquiera hay quien la reciba”.

Añadió que entre las personas afectadas hay compañeras y compañeros con problemas de salud y que, pese a ello, no existe una atención diligente y pronta. La exigencia, dijo, ya no es sólo el pago, sino un trato digno para quienes sirvieron durante décadas en tribunales federales de todo el país.

Pagos iniciados en 2025 y frenados en 2026

La propia magistrada precisó que los pagos no estuvieron completamente detenidos desde el origen. Según su relato, comenzaron en noviembre de 2025, todavía hubo algunos en diciembre y el atasco fuerte llegó en 2026.

“La gran mayoría de pagos se hicieron desde el año pasado. En noviembre empezaron a hacerse pagos y todavía en diciembre se hicieron algunos. Este año en particular es cuando se han estado tardando mucho”, explicó.

El problema, agregó, es que esa primera tanda de pagos no vino acompañada de transparencia suficiente. JUFED sigue sin saber cómo se calcularon los montos ni con qué criterio se decidió pagar a unas personas sí y a otras no.

Tampoco hay claridad en la distinción que, según la asociación, el órgano hizo entre personas que salían en 2025 y personas que salían en 2027. “El texto constitucional lo que dice es que tienen derecho al pago extraordinario quienes declinen a participar en el proceso electoral o quienes habiendo participado no sean electos por la ciudadanía. Son dos supuestos. Ellos estaban haciendo una distinción entre la gente de 2025 y 2027. No tiene sentido hacer esa distinción para estos efectos. Hay gente del 27 a la que ya le pagaron y hay gente del 25 a la que no le han pagado”.

Con eso, la queja dejó de ser sólo por la falta de dinero y se convirtió también en una denuncia por la ausencia de uniformidad, de criterios públicos y de una explicación verificable.

La protesta llegó al Zócalo y terminó en una intermediación sin mando

La presión escaló hasta el espacio público. JUFED realizó una concentración frente a Palacio Nacional y una comisión de personas juzgadoras fue recibida por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. La magistrada Julia García explicó que él mismo reconoció que ya no tiene mando directo sobre el Órgano de Administración Judicial, pero ofreció intervenir políticamente para destrabar el tema.

“Lo que nos ofreció es precisamente apoyarnos, desde luego anotando que no tiene una facultad directa de mando, pero hizo ver que tenía una responsabilidad política y ética relacionada con el funcionamiento de la institución en general. Tanto el órgano de administración como la Suprema Corte forman parte del Poder Judicial de la Federación y es el Poder Judicial de la Federación el que debe cumplir con estos pagos”.

A seis meses de que la reforma judicial vendió como intocables los derechos laborales de jueces y magistrados, el expediente que queda abierto es otro. Hay un mandato constitucional vigente, una ampliación presupuestal solicitada, decenas de carreras judiciales esperando liquidación o pensión complementaria, una restricción de dos años para volver a litigar en su zona y una compra de 268 millones de pesos en vehículos que sí avanzó sin tropiezo al final del año. El dinero circuló. Lo que sigue sin llegar es el pago prometido.