Juez da 48 horas a Pemex, Semarnat y gobernadores para limpiar derrame de petróleo en el Golfo

Un juez federal ordenó a las autoridades federales y a los gobernadores de Veracruz y Tabasco, frenar el avance del daño ambiental y mover de inmediato toda su capacidad para contener, limpiar y remediar el derrame de hidrocarburos que alcanzó zonas costeras de esos estados.

El plazo para rendir ese informe previo es de 48 horas a partir de la notificación.

Lo anterior proviene de la suspensión provisional que otorgó Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, dentro de la demanda de amparo que promovió la asociación “En el Corazón está el Cambio”; en la cual señaló la reacción oficial no ha sido suficiente para contener por completo la emergencia ni para hacerse cargo del daño ya causado.

La medida cautelar ordena que, si no lo han hecho, las autoridades responsables ejecuten todas las acciones legales y materiales que tengan a su alcance para atender, contener, prevenir y remediar los daños al medio ambiente derivados del derrame, y además informen al juzgado qué están haciendo en concreto.

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Estas son las dependencias obligadas

La suspensión va dirigida a las autoridades responsables como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Marina, el Consejo Técnico del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, la Secretaría Técnica de ese mismo plan, el Comando Unificado del mismo mecanismo.

También incluyen por supuesto a Petróleos Mexicanos, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Energía, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

En el expediente también quedó asentado que desde el 2 de marzo la Marina inició recorridos tras los reportes por presencia de hidrocarburos en la zona costera y ubicó residuos en las inmediaciones de Pajapan, además del arribo de producto sólido en playas de Barrillas y en la Laguna del Ostión.

Las fuentes de emanación del crudo

Más tarde, el 26 de marzo, la ASEA reportó tres fuentes de emanación, entre ellas el vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, una en inmediaciones de Coatzacoalcos y otra cerca del Complejo Cantarell.

Pese a esos antecedentes, la demanda afirma que el problema sigue abierto y que no se desplegó toda la fuerza institucional prevista para una contingencia de este tamaño. Los quejosos reclaman que no se garantizó por completo la contención y la remediación, que tampoco quedó asegurado el manejo y la disposición final de los residuos de hidrocarburos, y que no se activaron de oficio todas las vías legales para perseguir responsabilidades.

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En esa misma línea, la suspensión pedida y concedida también empuja a que se disponga lo necesario para el tratamiento adecuado de los residuos, incluso con la intervención de particulares autorizados si eso resulta necesario.

Al conceder la medida, el juzgado señaló que no había elementos para sostener que esa orden causara un daño directo e inmediato a la colectividad y que, por el contrario, existían indicios de que el derrame no había sido solucionado hasta la fecha. Con esa base, resolvió que lo procedente era obligar a las autoridades a intervenir de inmediato y rendir cuentas sobre su respuesta.

La siguiente revisión del caso quedó fijada para el 10 de abril de 2026, cuando se celebrará la audiencia incidental. Después, el juicio seguirá su curso con audiencia constitucional programada para el 28 de abril.