
Foto: Redes
Tras un encuentro entre la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, el Gobierno de México aseguró que trabaja por la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Tras una reunión de más de dos horas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno federal mantiene un “firme compromiso” con la protección y promoción de los derechos humanos en el país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria subrayó que durante el encuentro ambas partes coincidieron en que la cooperación entre México y el sistema de Naciones Unidas fortalece las capacidades institucionales para garantizar “la verdad, la justicia y la reparación” para las víctimas. Rodríguez Velázquez enfatizó que la atención a las víctimas y sus familias se mantiene como eje central de la acción pública.
“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, señaló Rodríguez Velázquez por medio de un mensaje en sus redes sociales.
Subrayó que desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo.
En ese marco, señaló que se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas; se avanza en la universalización del acceso a la salud; y se atiende el bienestar de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, en todo el país.
También el subsecretario Arturo Medina reafirmó que la atención a las desapariciones en México es una prioridad nacional, así como la atención a las familias de las víctimas, con quienes se mantiene un diálogo permanente.
Para ello, precisó, se han dotado de nuevas herramientas para abordar este delito, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con autoridades locales de las 32 entidades del país.
En la reunión también participaron funcionarios clave en la política de derechos humanos del país, entre ellos el subsecretario Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; la responsable de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Xadeni Méndez; y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Morales.
El encuentro ocurre tras la polémica que generó un informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y que provocó críticas de la oposición y el rechazo del Gobierno mexicano en torno a la problemática sobre las desapariciones en el país.
A inicios del mes de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada manifestó su intención de solicitar al Secretario General de la ONU que eleve el caso a la Asamblea General, con el objetivo de impulsar medidas internacionales que apoyen al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito luego de concluir que “hay indicios” de que la desaparición forzada podría estar ocurriendo de manera sistemática, lo que la acercaría a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con el organismo, en México se estiman 4,500 fosas clandestinas en el país y se reporta el hallazgo de más de 72,000 restos humanos no identificados. Ante estas cifras, se ha insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma plenamente su responsabilidad y fortalezca sus mecanismos de búsqueda, identificación y justicia.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) que señalaba posibles crímenes de lesa humanidad en México, calificándolo de “tendencioso” y con “errores metodológicos”.
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“Este Comité de expertos, que no es precisamente de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente. Y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos, que dado que estamos atendiendo el tema, no tiene cabida”, declaró la mandataria.
Argumentó que no se consideró la documentación oficial enviada por su gobierno, negando que las desapariciones sean una política de Estado. A pesar del rechazo al informe, Sheinbaum aseguró que su gobierno sigue comprometido con la búsqueda de personas desaparecidas, el apoyo a las familias y la sanción a los culpables
La reunión entre autoridades mexicanas y representantes de Naciones Unidas se perfila como un paso relevante para atender una de las crisis más profundas en materia de derechos humanos en el país.