
Foto: Cuartoscuro
El PT busca llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua tras la muerte de dos agentes de la CIA

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados solicitó formalmente al Senado de la República un juicio político para destituir a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de la presunta operación ilegal de la CIA en suelo mexicano.
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La acusación se fundamenta en presuntas violaciones a la Constitución y actos calificados por el partido como “traición a la patria”.
En entrevista para El Universal, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, denunció una serie de inconsistencias en la postura del gobierno estatal.
“El gobierno de Chihuahua reconoció primero la colaboración de agentes extranjeros, después intentó minimizarla y posteriormente quedaron exhibidas las contradicciones sobre el verdadero alcance de estas operaciones. Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional”, señaló el político petista.

La solicitud deriva de la presencia y operación de cuatro agentes estadounidenses pertenecientes a la CIA en territorio chihuahuense, dos de los cuales fallecieron tras volcar su camioneta en la sierra del estado.
Según el PT, estas incursiones se realizaron sin la autorización ni el conocimiento del Gobierno Federal, lo que representaría una vulneración grave al pacto federal.
“Estamos frente a hechos muy delicados que vulneran el marco constitucional y representan una afrenta directa a la soberanía nacional”, sentenció Sandoval.

Sandoval alineó la postura de su bancada con la de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando que no se puede permitir la injerencia de otras naciones en las decisiones internas.
El legislador advirtió que permitir que los estados entreguen facultades estratégicas a potencias extranjeras equivaldría a “renunciar al Estado mexicano”.
En tanto, la dirigencia del Partido del Trabajo calificó de “inadmisible” la realización de acciones de inteligencia y de campo en territorio chihuahuense.
Por medio de un comunicado PT enfatizó que estas acciones se ejecutaron sin el conocimiento, coordinación ni autorización de las autoridades federales.
“Para este instituto político resulta imperativo esclarecer por qué las autoridades locales permitieron o participaron en estas acciones sin notificar al Gobierno Federal, vulnerando así los protocolos de seguridad compartida.”, señala el documento.
Asimismo, el dirigente Alberto Anaya advirtió que “la seguridad de la nación no puede ser negociada en lo oscurito” y respaldó el llamado al embajador Ronald Johnson para ofrecer una explicación detallada.