
Foto: Especial
La solicitud deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, que es la instancia encargada de determinar la procedencia del desafuero

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, solicitó iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que fuera señalado en una acusación formal del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de redes sociales, el líder emecista informó que presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados junto con el diputado Gibrán Ramírez, con el objetivo de que los funcionarios señalados enfrenten el proceso sin protección constitucional.
“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, señaló.
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En el documento presentado, Máynez solicitó formalmente que se inicie el procedimiento de responsabilidad en contra de Rocha Moya, así como de Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros servidores públicos.
La denuncia se fundamenta en diversos artículos de la Constitución y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objetivo de que el Poder Legislativo determine si procede a retirar el fuero a los señalados.
La solicitud deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, que es la instancia encargada de determinar la procedencia del desafuero.
Hasta el momento, los funcionarios señalados no han emitido una postura oficial sobre la petición presentada por el dirigente de Movimiento Ciudadano.
El pronunciamiento ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación formal contra Rocha Moya por narcotráfico, específicamente por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Entre los delitos imputados se encuentran: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer dispositivos destructivos
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el gobernador y otros funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, a cambio de sobornos y apoyo político.