
Foto: Redes
El testimonio de Paola Gárate vuelve a sacudir a Sinaloa. La legisladora reveló que fue privada de su libertad por un convoy armado horas antes de la elección de 2021

“Cuando ocurre el ‘levantón’ sí fue algo aparatoso porque fueron más de 20 vehículos, yo veía por la calle que iban por la parte de atrás, de enfrente, por el lado de mi mismo carril, en sentido contrario, por las dos aceras, como en un cruce y por las 4 calles en ambos sentidos, camionetas con gente armada como si fuese un convoy para levantar a un gobernador a un presidente, exagerado, exagerado […] Fui levantada durante nueve o más horas previo a la elección, desde el sábado en la tarde, y el domingo, unas horas antes de la jornada electoral, ya me liberaron, me dijeron que ya estaba todo dado, que ya estaba todo acomodado”.
El testimonio es parte de una entrevista para radio que Paola Gárate, diputada local del PRI, concedió a la periodista Azucena Uresti sobre lo que vivió el sábado 5 de junio del 2021 previo a la elección en el estado de Sinaloa en la que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, resultó ganador. Una de los más de mil candidatos y operadores políticos de la alianza PRI-PAN-PRD que fueron privados de su libertad en una operación sin precedentes del crimen organizado para determinar a los ganadores y que incluso en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó en su conferencia mañanera.

Los hechos y testimonios cobran relevancia y una nueva perspectiva tras conocerse la solicitud de detención preventiva con fines de extradición hecha por fiscal de la corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Rocha Moya y otras 9 personas. En el documento de 34 páginas se señala que integrantes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, intimidaron votantes, robaron urnas, destruyeron boletas y secuestraron actores políticos para influir en el resultado electoral a cambio de la protección de las actividades ilícitas del grupo e incluso el nombramiento de funcionarios corruptos en puestos claves de los gobiernos estatal y municipales.
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En esa misma óptica debe observarse el montaje que la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñónez, hizo sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, adversario político de Rocha Moya por el control del dinero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y no durante un asalto en una gasolinera como en su momento mintieron las autoridades ministeriales.
Desde 2019, en el llamado “Culiacanazo”, cuando López Obrador decidió liberar a Ovidio Guzmán, después de ser capturado por la Marina, la situación en la entidad se ha venido deteriorando. Fueron las cuestionadas elecciones, la impunidad que ganaron los delincuentes para moverse en la entidad, la intención de maquillar con notas pagadas en los medios la putrefacción gubernamental, ni hablar de la violencia desatada tras el secuestro del Mayo y el incremento exponencial de homicidios que ni con 10 carnavales en Mazatlán, con visita de influencers, se puede ocultar.

Estados Unidos ha puesto la mira en Sinaloa y su clase política como primer objetivo de la nueva política Trump en el combate a las drogas y la denominación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, dada a conocer esta semana, el gobierno estadounidense menciona más de 30 veces a nuestro país en el contexto de una “guerra química” en la que la buena vecindad ya no será andamiaje suficiente. Estados Unidos busca ahora resultados medibles a través del número y perfil de extradiciones, decomisos, destrucción de laboratorios, pero más importante, el desmantelamiento de las redes financieras y políticas que permiten su operación.
La inédita intención de detener y extraditar a un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, en este caso, parece ser un ensayo, un “dry run” de la nueva política centralizada que el mandatario estadounidense comprometió con sus votantes, sin embargo de ninguna manera será la última. Para los que vengan ajustarán lo legal y lo diplomático, pero tienen previsto apretar en lo político, económico y militar.
La Estrategia aclara que todo lo harán con respeto a la soberanía de los otros países, pero dejan algo en claro, para ellos, nada está por encima de la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Una nueva era, sin duda, o por lo menos es el principio del fin.