
Foto: Cuartoscuro
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, habría comenzado a colaborar como testigo con Estados Unidos.

Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicaron que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública de Sinaloa, colaboraría como testigo cooperante y probablemente como protegido, en caso de que compruebe que su vida corre peligro, de acuerdo con El Universal.

El exfuncionario habría comenzado a proporcionar información a las autoridades estadounidenses tras comparecer ante una corte en Nueva York este viernes, donde se declaró “no culpable” de los cargos de narcotráfico de los que se le acusa.
La decisión de colaborar podría convertirlo en una pieza clave dentro de las investigaciones abiertas contra presuntos operadores y funcionarios vinculados con actividades delictivas en Sinaloa.
Mérida Sánchez fue trasladado bajo custodia del US Marshals Service hacia el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más importantes en Estados Unidos para casos relacionados con crimen organizado y tráfico internacional de drogas.
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Las autoridades estadounidenses también habrían destacado que Mérida Sánchez no opuso resistencia al momento de su detención y aceptó ser trasladado al distrito acusador, lo que permitió agilizar su proceso judicial.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México informó que el exfuncionario salió de Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo y cruzó hacia Estados Unidos por la Garita de Nogales, Arizona, donde se entregó y quedó bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez enfrenta acusaciones por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. En la misma investigación también aparecen mencionados Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense.

Las autoridades estadounidenses señalan al exsecretario de Seguridad de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Según el expediente, el exfuncionario recibía sobornos de 100 mil dólares mensuales en efectivo por parte del grupo delictivo para facilitar sus actividades criminales.
El caso ha generado fuerte atención política y mediática debido a la relevancia de los personajes involucrados y por las posibles implicaciones que podrían surgir si el exfuncionario decide ampliar su cooperación con el gobierno estadounidense.