Operación Enjambre pega en Morelos: Detienen a alcaldes de Atlatlahucan y Yecapixtla por extorsión

Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que autoridades federales cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en Morelos como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de las acciones de la llamada Operación Enjambre.

Entre los detenidos se encuentra Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, así como Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Autoridades buscan detener al alcalde de Cuautla

El titular de la SSPC indicó además que las autoridades continúan con las acciones para ejecutar una orden de aprehensión contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de FGR, SSPC y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión”, informó.

Asimismo, señaló que las investigaciones relacionadas con el caso siguen en curso.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre forma parte de una estrategia federal enfocada en identificar y desmantelar presuntas estructuras de complicidad entre autoridades locales y grupos delictivos.

A diferencia de otros despliegues de seguridad centrados en enfrentamientos directos contra células criminales, este mecanismo pone el foco en funcionarios, mandos policiales y servidores públicos señalados por facilitar operaciones ilícitas desde el aparato gubernamental.

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Las acciones se desarrollan mediante cateos, intervenciones y órdenes de aprehensión ejecutadas de manera simultánea para impedir filtraciones o alertas internas. Con ello, las autoridades buscan investigar posibles vínculos con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, corrupción y manejo irregular de recursos públicos, principalmente en municipios considerados de alto riesgo.