
Foto: Facebook Ariadna Montiel
El partido señaló compra de votos y retenciones de simpatizantes.

Morena denunció que las elecciones de Coahuila, donde se renovó el Congreso local, se dieron en medio de algunas irregularidades que van desde la retención de dos diputadas federales hasta la compra de votos.
En conferencia de prensa, al terminar la jornada electoral de este domingo, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, advirtió que las quejas serán presentadas ante el Instituto Electoral de Coahuila y aseguró que contaban con pruebas que tenían en su poder.
La morenista denunció al PRI por compra de votos y aseguró que esta se realizó mediante la distribución de códigos QR a votantes, a quienes supuestamente se les habría pedido que se fotografiaran con dichos códigos junto a su boleta electoral como mecanismo de verificación del voto a favor del PRI.
“Sabemos que el PRI se maneja con estas prácticas históricamente que no sabe hacer las cosas de otra manera pero ahora han establecido un operativo en donde tomaron la decisión política de que ningún voto por el PRI fuera gratis, todos los votos fueron pagados”, señaló.
Acusaron que la compra del voto se dio con la promesa de un pago, de al menos 500 pesos, o de apoyos locales. Montiel mostró diferentes videos de supuestos centros operación donde distribuían los códigos QR y el dinero en efectivo.
Asimismo, la presidenta de Morena también denunció la intimidación, retención y acorralamiento de dos diputadas federales de su partido, correspondientes a Torreón, por al menos 20 patrullas.
Montiel también dio a conocer un video en el que se veían supuestamente las patrullas rodeando a las legisladoras.
A estas acusaciones se les suman las de Luis Fernando Salazar, senador por Morena, quien denunció hostigamiento contra legisladores de su partido, provenientes de varios estados, y que se habían trasladado al estado para observar la jornada electoral.
Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en Cámara de Diputados, también se unió a las denuncias sobre la retención de sus compañeros y advirtió que “estos actos afectan en forma grave el desarrollo democrático y podrían constituir un intento por alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local”.
Aunado a estos señalamientos, la dirigencia estatal también denunció la detención ilegal de simpatizantes en el municipio de Frontera, que fueron arrestados de manera arbitraria tras denunciar unas supuestas instalaciones que funcionaban como centro de operación para pagar los votos.