
Foto: Cuartoscuro
La industria del refresco y otras bebidas azucaras ahora estarían en manos del crimen organizado

El crimen organizado se ha apoderado de la venta y distribución de refrescos en distintas regiones de México mediante extorsiones, cobros por permitir el paso de repartidores y monopolios que obligan a los comerciantes a comprar exclusivamente en bodegas controladas por grupos delictivos.
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La intervención criminal alcanza toda la cadena: desde el traslado de la mercancía hasta el precio que finalmente paga el consumidor.
En zonas como La Ruana, Michoacán, los camiones repartidores de refresco y cerveza son obligados a descargar los productos en almacenes manejados por la delincuencia. Los negocios locales ya no pueden adquirir directamente la mercancía de las empresas: deben comprarla a los grupos que dominan el territorio y pagar un precio aumentado por la cuota criminal.

El control también comienza en las carreteras y accesos a comunidades. Repartidores de Coca-Cola y otras compañías de alimentos deben cubrir “peajes” para ingresar a determinadas zonas bajo una regla directa: si no pagan, no pasan. El cobro es incorporado al costo del producto y termina convertido en un impuesto ilegal para las familias.
“Los Viagras” son señalados específicamente por monopolizar la distribución de cerveza y refresco en municipios de Michoacán, principalmente en sus zonas de influencia en Buenavista y Tierra Caliente. Los camiones entregan la mercancía en sus bodegas y los pequeños comerciantes son obligados a comprarles únicamente a ellos.
Además de Los Viagras, las fuentes identifican al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico o de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Santa Rosa de Lima y Los Zetas Vieja Escuela dentro de las redes de extorsión comercial, control territorial y robo de mercancías.
En algunas regiones, Los Zetas llegaron a cobrar cuotas de 500 pesos por cada camión de carga que salía de determinadas áreas.
La apropiación de mercados legales se presenta con mayor fuerza en los 500 municipios más pobres y aislados del país. Michoacán y Guerrero concentran los casos más graves relacionados con refrescos y cerveza, pero el fenómeno también está documentado en el Estado de México, Veracruz, Sonora, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas.

El hostigamiento alcanzó tal nivel en Ciudad Altamirano, Guerrero, que embotelladoras de Coca-Cola y Pepsi cerraron sus instalaciones y dejaron de operar en la zona.
Las empresas conocían las extorsiones contra sus rutas y repartidores, pero terminaron retirándose ante la imposibilidad de mantener la distribución sin someterse a las condiciones impuestas por los grupos delictivos.