Foto: Redes sociales
Denuncian a la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, por corrupción y conflicto de intereses
Andrea Pochak, exfuncionaria de Alberto Fernández, habría denunciado al Estado argentino mientras era integrante del CELS
Redacción Político MX
Publicada: jun 26 a las 21:32, 2026
Presentaron una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 contra la comisionada argentina y actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, en la que la señalan de corrupción y conflicto de intereses.
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En la querella solicitan investigar a la funcionaria por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino.
Entrevista destapa escándalo de Andrea Pochak
El caso cobró relevancia tras una serie de declaraciones emitidas por Joaquín Mogaburu, subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, en una audiencia de la CIDH celebrada en Guatemala, y una entrevista realizada por Agustín Laje a Neydy Casillas, integrante de la Global Center for Human Rights, una ONG con sede en EUA dedicada al monitoreo del funcionamiento de organismos internacionales.
Los hechos denunciados se vinculan con su desempeño previo como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de Argentina entre los años 2019 y 2023, durante la administración del expresidente Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia, señalan una falta de excusación y un conflicto de intereses en la tramitación de causas ante el sistema interamericano, con mención específica en el denominado “caso Catella”.
La acusación sostiene que el área estatal encargada de ejercer la defensa de Argentina ante la CIDH estuvo bajo la órbita de Pochak, quien con anterioridad había intervenido ese mismo expediente en calidad de representante de la parte peticionaria y como miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización en la cual ejerció como directora adjunta entre los años 2002 y 2011.
“Actuó básicamente como juez y como parte, es decir, un conflicto de intereses enorme en el que mientras fue parte de una organización, el CELS, demandó al Estado argentino y después pasó a ser parte de la función pública. Nunca se excusó”, sostuvo Neydy Casillas.
Asimismo, señalan la omisión de remisión de documentación y expedientes necesarios para la defensa jurídica del Estado argentino ante el organismo internacional durante dicho período.
“Ella omitió mandar 30 kg de informes a la CIDH que pudieron haber demostrado la inocencia del Estado argentino. Se involucró, en vez de excusarse y omitió estas pruebas”, señaló la integrante de la Global Center for Human Rights.
La denuncia abarca también la revisión de actuaciones en otros expedientes internacionales gestionados durante la misma administración por exfuncionarios del área de Derechos Humanos.
