Advierten que gobierno quiere ‘mayor control’ sobre los medios con Ley de Audiencias

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advirtió que los nuevos Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), representan un cambio que podría ampliar el control del Gobierno sobre los medios de comunicación.

Durante una entrevista con ADN Noticias, el especialista afirmó que la propuesta sustituye el modelo de autorregulación que existía con el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por un esquema en el que una autoridad dependiente del gobierno tendría facultades para revisar las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso imponer sanciones económicas.

Además detalló que aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta la consulta pública sobre los lineamientos, el investigador estimó que existen pocas posibilidades de que el contenido central del documento sea modificado.

“Creo que muy difícilmente se va a cambiar en sus elementos centrales, porque es evidente que el gobierno quiere tener mayores elementos de control sobre los medios de comunicación”, afirmó.

Lineamientos restringen la libertad de expresión

El investigador también cuestionó que los lineamientos obliguen a los medios de comunicación a establecer criterios para determinar cuándo una información puede considerarse verdadera, falsa o descontextualizada, al considerar que esos conceptos son ambiguos y podrían abrir la puerta a actos de censura.

A su juicio, esas disposiciones exceden lo previsto en la legislación vigente y representan una amenaza para la libertad de expresión.

“Son lineamientos claramente restrictivos a la libertad de expresión, son inconstitucionales y van mucho más allá de lo que marca la ley”, aseguró.

Añadió que, en una democracia, corresponde al trabajo periodístico valorar la veracidad y el contexto de la información, no a una autoridad administrativa.

“Es inaceptable que sea el gobierno quien determine cuándo una noticia es verdadera, cuándo no es verdadera o cuándo está contextualizada”, sostuvo.

Multas podrían afectar la viabilidad económica de los medios

Otro de los puntos que criticó fue el régimen de sanciones previsto en el proyecto, que contempla multas de hasta 1% de los ingresos totales de un medio de comunicación por cada incumplimiento.

Martín Reyes advirtió que, si se acumulan diversas resoluciones, las sanciones podrían representar un golpe financiero de gran magnitud.

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“Podríamos estar hablando de multas que podrían representar un porcentaje altísimo de los ingresos de un medio de comunicación. Eso los podría llevar prácticamente a la bancarrota”, señaló.

El especialista consideró que ya existen mecanismos legales para atender posibles afectaciones derivadas de publicaciones periodísticas, como el derecho de réplica o las acciones civiles por daño, sin necesidad de otorgar mayores facultades sancionadoras al Estado.