
Al cierre de 2018, el Programa de Estancias Infantiles tenía registrados a 329 mil 781 niñas y niños. - Foto: Cuartoscuro
El argumento para desaparecer las instancias infantiles fue que existían irregularidades y corrupción

En 2019, el Gobierno Federal tomó una decisión que cambió de fondo la política de cuidado infantil en México: eliminó el Programa de Estancias Infantiles y sustituyó el apoyo a esos espacios por transferencias directas a madres, padres y tutores.
El argumento fue que existían irregularidades, corrupción e intermediarios.
Siete años después, el país vuelve a hablar de la necesidad de tener lugares donde las niñas y los niños puedan ser cuidados mientras sus padres trabajan. El IMSS ha planteado la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil hacia 2030. Sin embargo, al cierre de julio, solo uno estaba confirmado en operación, en Ciudad Juárez, con capacidad para 250 niñas y niños.

Ese contraste debería obligarnos a hacer una pregunta mucho más sencilla que cualquier discusión partidista:
Si el Estado todavía no podía sustituir esa red de cuidado, ¿por qué la retiró primero?
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Durante años, las estancias infantiles fueron una respuesta concreta para cientos de miles de familias mexicanas. Al cierre de 2018, el programa tenía registrados a 329 mil 781 niñas y niños. Permitía que madres y padres pudieran trabajar, estudiar o buscar empleo sabiendo que sus hijos tenían un lugar donde permanecer.
No eran perfectas. Ninguna política pública lo es.
Había irregularidades que investigar, centros que supervisar y un modelo que podía mejorarse. Si había corrupción, había que perseguir a los corruptos. Si una estancia ponía en riesgo a los niños, había que cerrarla. Si el programa tenía fallas, había que corregirlas.
Pero corregir nunca debió significar desaparecer primero y resolver después.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó el cambio como una medida regresiva porque reducía el nivel de protección que ya se había alcanzado para niñas, niños y sus familias.
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Y existe otro dato que ayuda a dimensionar el problema. Una evaluación retomada por la propia CNDH señalaba que 34% de las madres beneficiarias consideraba que tendría que dejar de trabajar si desaparecía el programa.
Porque cuando desaparece un espacio de cuidado, el cuidado no desaparece.
Alguien tiene que asumirlo.