¿Quién informa a la presidenta?

El insólito caso del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, por 32 horas, revela algo más que una comedia de errores, muy a la mexicana, que daría a Ibargüengoitia material suficiente para un par de libros.

Según declaraciones de la propia Claudia Sheinbaum, ella se enteró de la rocambolesca decisión del defenestrado mandatario estatal a través de la publicación que éste hizo sus redes sociales, tal como nos enteramos el resto de los interesados en lo que pasa en el país.

De ser esto cierto, ninguna agencia de inteligencia del Estado mexicano, nadie del Gabinete de Seguridad, ni la secretaria de Gobernación ni ninguno de los funcionarios de la dependencia, vaya, ni siquiera algún morenista sinaloense cercano a alguien de Presidencia tuvo el conocimiento de las intenciones del único gobernador en este siglo que ha pedido licencia para ser investigado por una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante más de 3 meses, Sheinbaum y la cúpula morenista en su conjunto, rechazaron la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya –ignorando el Art. 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos– y convirtieron su caso en el paradigma del injerencismo imperialista y la bandera de la defensa de la Soberanía. En cada ocasión que tuvieron nos repetían que “sin pruebas”, ni Rocha Moya ni los otros nueve señalados podían ser detenidos –aunque el citado artículo explícitamente señala que las pruebas se entregarán en un plazo máximo de 60 días posteriores a la detención–, y que sería la FGR quien realizaría una investigación independiente.

Con una petición internacional de captura, con una investigación federal en curso, con vigilancia las 24 horas del día, no hay una sola persona en el Gobierno de México que mantenga contacto, aunque sea por WhatsApp, con el gobernador de interés mediático más relevante de los últimos tiempos y sin embargo él puede retomar, tan fresco, la gubernatura de un estado, asistir a una reunión de Seguridad, tomar protesta a su secretaria de Gobierno, convocar a los integrantes de su gabinete y hasta recibir al también acusado senador Enrique Inzunza que hasta ese momento sólo se había manifestado vía tuitazos.

La sorpresa inicial se transformó en una publicación en X de la presidenta Sheinbaum, quien hizo una pausa en su resfriado, para mostrar su rechazo al “interés personal por encima de los intereses del pueblo y la Nación” y de ahí una serie de comunicados y abajofirmantes de todos los sectores del morenismo que le aclararon a Rocha Moya su nueva condición de paria guinda.

La falta de información oportuna y en consecuencia, la patosa reacción del gobierno, lejos de regresar las aguas a su cause, generó una paradoja, que mientras más tratan de explicar más complica el ya de por sí farragoso affair Sinaloa: Rocha Moya es lo suficientemente sospechoso para no poder ejercer el cargo para el que fue electo, pero al mismo tiempo no es tan sospechoso como para ser detenido por la FGR para fincarle algún cargo o entregarlo a las autoridades que lo solicitan en los Estados Unidos.

Pero lo más preocupante es que no es un caso aislado. La carta-berrinche de Andy López Beltrán también tomó por sorpresa a la inquilina de Palacio. No existe la posibilidad que Sheinbaum tuviera conocimiento de la cantidad de adjetivos que el junior dedicó al presidente Trump y la exigencia de las renuncias de Marco Rubio y Christopher Landau y que lo dejara pasar.

Mientras su antecesor repetía que “el presidente era la persona mejor informada de todo lo que pasa en el país”, en menos de un mes Claudia Sheinbaum ha dado muestras fehacientes que ella no está en ese supuesto. De ahí la pregunta. ¿Quién informa a la presidenta?