INE pagó 6.2 mdp a 8 trabajadores cuyos servicios no pudo acreditar ante el OIC

El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios a ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados mediante la documentación correspondiente ante el Órgano Interno de Control (OIC), en pagos que continuaron durante la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei .

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De acuerdo con El Universal, los trabajadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y recibieron pagos por honorarios entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Taddei asumió la Presidencia del INE en abril de 2023 y la auditoría fue concluida el 30 de enero de 2026.

INE debe aclarar más de 6 mdp por ocho prestadores

De los ocho casos, cuatro correspondían a la Dirección Ejecutiva de Administración, donde los trabajadores realizaban funciones como consultoría técnica y funcional, desarrollo y coordinación de proyectos.

Sus salarios netos quincenales se ubicaban entre 22 mil y 47 mil pesos. Por el periodo laborado entre 2023 y 2025, el Órgano Interno de Control detectó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos.

Los otros cuatro trabajadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y desempeñaban funciones relacionadas con gestión documental, información jurídica, revisión documental registral y liderazgo de proyectos.

En estos casos, los honorarios devengados durante 2023, 2024 y 2025 representaron un monto por aclarar de 673 mil 231 pesos. En conjunto, el instituto debía aclarar 6 millones 279 mil 956 pesos a más tardar el 18 de marzo de 2026.

La auditoría señaló que los responsables de la DERFE supervisaron de manera deficiente a cuatro prestadores de servicios por honorarios permanentes, debido a que no entregaron los informes de actividades requeridos.

El documento no concluye que los servicios no se hayan realizado en todos los casos. Lo que establece es que el INE no logró acreditarlos documentalmente de acuerdo con las reglas que tiene para comprobar el pago de honorarios permanentes.

Auditoría detecta otras irregularidades en el INE

La auditoría DAA/03/ESP/2025 también encontró inconsistencias relacionadas con los perfiles de los trabajadores, sus expedientes, la comprobación de actividades y la documentación utilizada para acreditar el devengo de los honorarios.

En la DERFE se identificaron 43 inconsistencias documentales, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Administración fueron 27. Los hallazgos estuvieron relacionados principalmente con la falta de informes o evidencia que permitiera comprobar las actividades realizadas por personal contratado por honorarios.

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional registró otras 15 inconsistencias relacionadas con diferencias entre los perfiles para los que fueron contratadas algunas personas y las actividades que reportaron.

Uno de los casos corresponde a una persona contratada como “analista de viáticos y pasajes”, pero cuyos informes mensuales señalaban que realizaba trabajos de cerrajería y revisión física de mobiliario.

En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encontraron 27 irregularidades relacionadas con funciones que no quedaron suficientemente acreditadas, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se detectaron 26 diferencias entre los perfiles y las actividades reportadas.

Nueve prestadores de la UTF acreditaron solo parte de sus funciones

La auditoría también revisó a nueve personas adscritas a la Unidad Técnica de Fiscalización que fueron contratadas por honorarios.

Aunque esta área presentó los informes correspondientes, el OIC determinó que la existencia de esos documentos no necesariamente demostraba el cumplimiento de todas las funciones previstas en la Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto.

El órgano de control concluyó que los prestadores acreditaron parcialmente el cumplimiento de las funciones específicas establecidas para sus puestos.

De acuerdo con la auditoría, los informes presentados de manera quincenal o mensual no evidenciaban el desarrollo de diversas funciones contempladas en las cédulas durante el periodo revisado.