Las malditas redes sociales

Lejos quedaron los tiempos en los que el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador acusaba un cerco informativo de los medios convencionales y alababa el trabajo que sus seguidores hacían en las redes sociales y páginas afines, para difundir sus ideas y actividades. Desde entonces e incluso al principio de su sexenio, atribuía a las “benditas redes sociales” parte de su éxito.

Hoy el panorama es otro. La administración de Claudia Sheinbaum está perdiendo la narrativa en ese mismo terreno y ya son varias las señales e intentonas de ejercer algún tipo de control o censura sobre lo que los usuarios publican, respecto a la misma mandataria, su gobierno o prominentes figuras del morenismo que eran tremendamente mordaces cuando opositores, pero que resultaron de piel muy delgada como gobernantes o legisladores.

La más reciente tentativa de contener las opiniones adversas llega en forma de una propuesta de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila para crear en la Cámara una “Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales” con la que pretenden monitorear los posteos en redes sociales, identificar redes transnacionales y elaborar mapas de riesgo, para dar aviso a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al INE de “sus hallazgos”.

Un anuncio ominoso, sobre todo si recordamos que, recientemente, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó en su conferencia de los miércoles en Palacio Nacional un supuesto análisis de más de 500 mil cuentas en la red social X que según “el experto” contratado por ellos se dedican a “atacar al gobierno” en un esquema de 4 capas, que incluye a medios, periodistas, empresarios, ciudadanos, “recursos millonarios (sic)” y miles de bots.

Por supuesto que el estudio no contenía metodología alguna ni las herramientas utilizadas para, como cualquier otro análisis científico, poder replicarlo independientemente y comparar los resultados. Se trató, para ser claros, de la difusión masiva, utilizando recursos del Estado, de quienes el gobierno considera sus adversarios y cuyas opiniones le incomodan.

Paralelamente durante una conferencia mañanera, un youtuber, abiertamente propagandista del oficialismo, planteó a la presidenta la “necesidad de un blindaje legal frente a campañas de desinformación, fake news y bots de la ultraderecha internacional que buscan distorsionar la percepción del público, sembrar una imagen de caos o violencia y desestabilizar a los gobiernos de izquierda”, con lo que la mandatario coincidió y aprovechó para disertar sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo, sus recientes problemas legales y la necesidad de regular la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales como ha insistido cada lunes desde hace aproximadamente un mes.

Apenas el año pasado, el diputado Armando Corona Arvizu, de Morena, por supuesto, anunció que presentaría una iniciativa, bautizada socarronamente por la gente como “Ley anti-memes”, que proponía entre 3 y 6 años de prisión –el doble si el afectado era servidor público– para quien creara o difundiera imágenes, stickers, videos o deepfakes para ridiculizar o dañar la reputación de las personas. La reacción de la ciudadanía fue tan fuerte que el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal, la detuvo antes de siquiera ser analizada por representar un evidente riesgo a la Libertad de Expresión.

También en 2025 se aprobó en San Luis Potosí una modificación al Código Penal del Estado que se conoció como la “Ley Serrano” que castigaba con 3 años de cárcel a quien hiciera manipulación y difusión de imágenes, voz o videos producidos o modificados mediante inteligencia artificial sin contar con la autorización. El resultado: 3 periodistas terminaron en la cárcel y se giraron órdenes de aprehensión contra otros 10 por la difusión de 2 videos en los que aparecía el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, con presuntos integrantes del crimen organizado. El escándalo nacional e internacional, los reclamos de organizaciones de Derechos Humanos y la presión mediática lograron que el Congreso potosino derogara la dichosa ley en julio del 2026 y que los periodistas fueran liberados.

No se trata de simples sospechas. Los ensayos y las declaraciones están ahí, a la vista de todos. Los adalides del “prohibido prohibir” tienen en la mira a las voces críticas, a la sátira y al llano divertimento de los ciudadanos digitales a través de los memes. Preferirían, sin duda, que la única información provenga de boletines y declaraciones oficiales y que nadie opine. Total, el diálogo ya es circular –entre los suyos–.